vimeo imdb vimeo

¿Se permite en España la maternidad subrogada?

Hoy hemos conocido que una pareja almeriense y una joven gaditana han sido detenidas por la Guardia Civil por la presunta compraventa de un bebé. La intención de la madre biológica era vender a la recién nacida de tres días a una pareja de Vicar a cambio de 10.000 euros tras someterse a una inseminación artificial

El contrato de maternidad subrogada, que es aquel mediante el cual una mujer acepta ser gestada a través de las técnicas de reproducción asistida y se compromete a entregar a los contratantes el nacido, es rechazado por nuestra legislación. Así, el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida señala que: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero

Pero es que, además de la citada nulidad, la venta de un menor lleva aparejada una pena privativa de libertad de entre 1 y 5 años. Así lo establece el artículo 221 Código Penal: “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años”. “Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.”

A pesar de ello, en España,  se puede inscribir en el Registro a niños nacidos por maternidad subrogada siempre y cuando ésta tenga lugar en un país cuya legislación permita este contrato. En estos casos hay que demostrar la filiación mediante una sentencia de un tribunal del país donde tuvo lugar el nacimiento, así como demostrar que se ha aportado material genético.

En la mayoría de los países de la UE también se prohíbe esta práctica. De este modo en Francia “todo convenio relativo a la procreación o la gestación por cuenta de otro será nulo”. Lo mismo sucede en Alemania: “Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta tres años o de una multa quien practicara

 

En cambio hay otros países en los que, con mayores o menores restricciones, se permite esta práctica. De este modo, Canadá la permite siempre y cuando no se pague una recompensa a la mujer para que sea una madre sustituta.

En otros países, como ocurre en algunos Estados de Estados Unidos sí que está regulada y es legal. Así sucede en California, uno de los Estados más liberales. Allí no exigen que estén casados ni es necesario que ninguno de ellos aporte el material genético. El proceso judicial para declarar la filiación a favor de los padres contratantes tiene lugar en el quinto mes de embarazo de la madre gestante, de forma que antes de que se produzca el nacimiento ya se ha dictado la resolución judicial y el hospital reflejará como padres, en el certificado que expida, a los contratantes.

Es evidente que España necesita una nueva regulación en esta materia.

read more

Participación de “Universitas Legis” en el IV Encuentro de investigadores en Derecho organizado por las Universidades de Granada y Almería

Nuestra socia Juana Mª Pardo Lozano ha participado en el “IV Encuentro de Especialización para la Investigación en Economía, Empresa y Derecho” que se ha celebrado en la Universidad de Almería. La abogada, especialista en temas civiles y mercantiles, ha defendido una comunicación en materia de “Mediación en el ámbito de la contratación civil y mercantil”, habiendo convencido a los miembros del tribunal de las ventajas que dicho sistema alternativo presenta frente a los más tradicionales como son el judicial o el arbitraje.

La ponente defendió la mediación como medio alternativo para la resolución de las controversias que se derivan de las relaciones comerciales y en particular, contractuales, en el ámbito mercantil y civil. Destacó como principales ventajas de esta institución el mantenimiento de las relaciones, ahorro de tiempo y costes en la resolución del conflicto, además del control del proceso. Asimismo hizo referencia a esta institución desde una perspectiva comparada, aludiendo a la experiencia de Estados Unidos en donde la cultura mediadora está muy consolidada, tratando además la implementación que se está haciendo en los países comunitarios de la Directiva de Mediación en asuntos civiles y mercantiles publicada en 2008. La abogada finalizó su intervención recomendando la conveniencia de incluir como cláusula de resolución de las controversias derivadas de los contratos civiles y mercantiles: la negociación como primera opción, caso de no prosperar la misma, la mediación y en su caso, el arbitraje.

Dicho Encuentro, organizado por las Universidades de Granada y Almería, ha reunido a numerosos investigadores que han tratado temas de gran interés. Los asistentes han tenido la oportunidad de participar durante dos días en seminarios de especialización, sesiones paralelas y encuentros con editores de las más prestigiosas revistas de ámbito nacional e internacional.

read more

Universitas Legis y la Universidad Europea firman un convenio de colaboración

La Universidad Europea, con sedes en Madrid, Valencia y Canarias, y Universitas Legis han suscrito un convenio de colaboración para que los estudiantes de Derecho puedan realizar prácticas en la empresa almeriénse.  La Universidad Europea es una universidad privada reconocida legalmente por la Ley 24/1995, de 17 de julio, que tiene como objetivo la prestación del servicio de Educación Superior mediante la oferta de una amplia variedad de actividades propias, que se proyectan en los ámbitos docentes, de investigación o de asesoramiento técnico a través de las distintas fórmulas previstas en la legislación.

Con la firma del mencionado acuerdo las partes pretenden reforzar la formación de los estudiantes de Grado y Posgrado en las áreas operativas de la empresa dotándoles de una visión real de los problemas, preparando su incorporación al mercado laboral

El objeto del Convenio lo constituye la regulación de las prácticas académicas externas curriculares y extracurriculares que los estudiantes de la Universidad Europea realizarán en Universitas Legis y que contribuirán a su formación, acorde al Plan de Estudios que están cursando los estudiantes.

Los fines que se pretenden alcanzar son:
a.-Contribuir a la formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico.
b.-Facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que los estudiantes habrán de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos.
c.-Favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas.
d.-Obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura.
e.-Favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

Este acuerdo se enmarca en la filosofía de la empresa almeriense de dar oportunidades a jóvenes estudiantes para que se puedan formar a través de su relación con el trabajo de sus socios

read more

La responsabilidad penal de las personas jurídicas

El pasado 1 de julio de 2015 entró en vigor la reforma del art. 31 bis del Código Penal aprobada mediante LO 1/2015, de 30 de marzo y que contempla la comisión de delitos por parte de las personas jurídicas, entre las que se encuentran las sociedades mercantiles[1]. Se trata de una importante reforma que las convierte en sujetos susceptibles de cometer delitos y de ser penalizados por ello[2].

El criterio seguido por la reforma para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas es doble. De un lado, se cumple el tipo penal cuando alguno de sus representantes legales o administradores de hecho o de derecho, haya cometido un delito por cuenta y en provecho de la persona jurídica. Por otro lado, se comete también el delito cuando en el ejercicio de las actividad societaria y por cuenta y en provecho de la persona jurídica, se haya cometido el delito por uno o varios de sus empleados, siempre y cuando el hecho punible haya sido posible por no haberse ejercido el debido control sobre su persona y actividad, por los legales representantes o administradores.

Cabe destacar que se incorpora al código penal una serie de causas de exención de la responsabilidad penal de las personas jurídicas que cuenten con un “modelo de cumplimiento normativo”. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la persona jurídica quedaría exenta de los presuntos delitos si se cumplen estas condiciones:

  • Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión (también llamado “modelo de cumplimiento normativo” o “corporate compliance”).
  • Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o una persona que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica (también denominado, “supervisor jurídico” o “compliance officer”).
  • Que los autores individuales hayan cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención.
  • Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano de control de la persona jurídica.

Cabe asimismo resaltar que la pena que conlleva el tipo delictivo de responsabilidad penal de las personas jurídicas puede ser atenuada en los casos en los que se produzcan algunas de las siguientes condiciones (artículo 31 quater del Código Penal):

  • Haber procedido, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige frente a la entidad, a confesar la infracción a las autoridades.
  • Haber colaborado en la investigación del hecho aportando pruebas, en cualquier momento del proceso, que fueran nuevas y decisivas para esclarecer las responsabilidades penales dimanantes de los hechos.
  • Haber procedido en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad al juicio oral a reparar o disminuir el daño causado por el delito.
  • Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.

Debe tenerse en cuenta que las consecuencias de una condena en este ámbito podrían ser muy gravosas para la empresa afectada ya que entre las penas se encuentran la fijación de una multa, la suspensión de la actividad societaria, clausura de locales y establecimientos, inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas o incluso la disolución de la persona jurídica (art. 33 Código Penal).

Por tanto, cabe concluir que es recomendable que la sociedades implementen un sistema de organización y gestión que sea adecuado para prevenir o reducir de forma significativa el riesgo de comisión de delitos por sus representantes legales, apoderados, empleados o colaboradores (instrumento de prevención). El modelo de prevención de delitos (o de cumplimiento normativo) deberá estar debidamente documentado por escrito e implementado en la empresa. Asimismo, deberá designarse a un responsable del cumplimiento normativo que participará en el referido protocolo y estará a cargo de las funciones de control y de vigilancia del mismo (instrumento de control). Dicho modelo deberá ser revisado de forma periódica y eventualmente modificado cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.

 

Juana María Pardo Lozano

Abogado

Universitas Legis

[1] Se incluyen en la aplicación de este precepto legal a sociedades,  entidades o agrupaciones con personalidad jurídica y se excluye a las entidades de Derecho Público, Estado, Administraciones Públicas o Partidos Políticos, entre otros (art. 31.5 Código Penal).

[2] La Sentencia del Tribunal Supremo 154/2016, de 29 de enero, supone un antecedente relevante en esta materia ya que condena por primera vez a sociedades mercantiles en el ámbito penal por incumplir su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Resulta asimismo de interés, la Circular 1/2016 dictada por la Fiscalía, de fecha 22 de enero de 2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la referida reforma del código penal. Mediante dicho documento se imparten instrucciones a los fiscales para valorar la eficacia de los planes de compliance en las empresas que tras la reforma se configuran como una eximente de la responsabilidad penal.

read more

“La responsabilidad por los comentarios en las webs” publicado en Athens Journal of Law

La revista internacional Athens Journal of Law acaba de publicar un artículo de nuestro socio Ramón Herrera sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios por los comentarios hechos en sus páginas webs. El mencionado artículo aborda de forma práctica, a través de la jurisprudencia Europea y Española, la problemática relativa a la protección del derecho al honor en las redes sociales y en las páginas web. Se trata de un análisis del contenido del citado derecho, los límites a los derechos a la libertad de información y expresión, así como los cambios normativos necesarios para adecuar la actual legislación. Especial atención se presta a la responsabilidad de los comentarios realizados de manera anónima y que no son retirados por los responsables de la web, los que los convierte en responsables civiles por la intromisión ilegítima en el derecho al honor en virtud de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.

En resumen, para que el titular de una web responda de esa vulneración se han de dar dos circunstancias: 1) Que conociese el contenido que vulnera el honor -conocimiento efectivo lo denomina la Ley- (basta con una mera comunicación por parte del afectado, o porque hubiese un filtro previo) 2) Que no lo hubiese retirado de manera rápida. El TEDH ha afirmado que cuando el medio permite a los lectores hacer comentarios de manera anónima, responsabilizar al editor es “razonable“, ya que el portal obtiene un beneficio comercial de la página web, cuyo parte de su contenido son los propios comentarios.

Universitas Legis cuenta con un importante equipo de profesionales expertos en la materia y una amplia experiencia en este ámbito, con resultados positivos para nuestros clientes.

read more

Universitas Legis presente en el XX Congreso Iberoamericano “Derecho e Informática”

Miembros de Universitas Legis han participado en el XX Congreso Iberoamericano “Derecho e Informática” celebrado del 19 al 21 de octubre en la Universidad de Salamanca. Universitas Legis sigue así una línea de especialización en el ámbito de la relación entre el Derecho y las Nuevas Tecnologías. En este sentido, Alba Paños impartió una de las ponencias titulada “La protección de la imagen de los menores de edad en internet”. Entre otros compartió panel con el Juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco o el abogado Pablo Fernández, fundador de Ablanex que llevó el tema del derecho al olvido ante el Tribunal de Justicia Europeo.

El evento científico que se desarrolló en Salamanca tenía el objetivo de reunir a parte de los mejores profesionales a nivel mundial en materia de Derecho Informático así como prestar atención a la parte técnica a través de la celebración de talleres informáticos y potenciar la inclusión en el programa de jóvenes investigadores. En el evento participó Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, que fue la encargada de impartir la conferencia inaugural, que llevaba por título ‘Nuevas tecnologías y derecho: retos y oportunidades’.

Organizado por la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática (FIADI) y dirigido por el profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca Federico Bueno de Mata, el congreso acogió a especialistas y docentes de toda Iberoamérica en Derecho e Informática como conferenciantes y ponentes, entre los que cabe destacar a Rafael Illescas, catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad Carlos III de Madrid, Rodrigo de la Parra, vicepresidente para América Latina y el Caribe de ICANN, o a Agostino Sibillo, padre del Cloud Computing.

 

read more