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Fátima Pérez y Ramón Herrera dirigirán el curso de verano “Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen en las redes sociales”

La Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería, y socia de Universitas Legis, dirigirá el curso de verano “Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen las redes sociales”. El curso se celebrará entre los días 17 y 19 en el Hotel AC Marriot de Almería. La profesora Pérez Ferrer señala que “es un tema de máxima actualidad. Todos los días vemos en las noticias circunstancias que nos preocupan y que tienen que ser analizadas de forma sosegada en foros de este tipo para intentar dar respuesta a este desafío.”

La intención de estas jornadas es analizar, desde un punto de vista multidisciplinar, la protección de los derechos de la personalidad frente a los derechos a la libertad de expresión e información. Para ello el curso contará con jueces, fiscales, abogados y catedráticos de distintas ramas del derecho que abordarán los siguientes contenidos:

La perspectiva civil de los Derechos al honor, la intimidad y la propia imagen

Libertad de información y de expresión vs derecho al honor, la intimidad y la propia imagen

La vulneración de los derechos de la personalidad en las Redes Sociales y su reparación

¿Existe Derecho al olvido en la Redes Sociales?

Prueba Electrónica y Proceso 2.0

El quebranto de la prohibición de contacto con la víctima a través de las Redes Sociales

Ciberbulling y acoso en las Redes Sociales

Los delitos contra la Intimidad a través de las Redes Sociales

Los delitos contra el honor a través de las Redes Sociales: Injurias y calumnias

La reparación civil del daño

El curso estará codirigido por el Profesor Ramón Herrera, autor del libro “La responsabilidad civil derivada de la vulneración del derecho al honor en las redes sociales”. La matriculación del curso se puede realizar en el siguiente enlace http://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/23/los-derechos-al-honor-a-la-intimidad-y-a-la-propia-imagen-en-las-redes-sociales

La asistencia al curso da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número de horas y el reconocimiento de créditos, en su caso.

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El Tribunal Económico Administrativo anula una liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados por haberse resuelto la compraventa

Recientemente hemos sido parte de una resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), con sede en Granada, mediante la que se estima un recurso de anulación presentado por los abogados del despacho Universitas Legis. Dicha resolución estima el recurso interpuesto ante la inadmisión a trámite de una reclamación económico-administrativa presentada, ante dicho Tribunal, por un particular.

En concreto, el TEARA ha anulado una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), impuesto que tiene como objeto gravar las operaciones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. El mencionado tributo se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, mediante el que se aprueba la Ley reguladora del impuesto, que ha sido desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que aprueba su Reglamento. Dicha legislación estipula que será el adquirente el sujeto pasivo del impuesto y quien deba hacer frente a su pago.

En el presente supuesto, se trataba de una compraventa de un inmueble que sería posteriormente resuelta por la existencia de vicios ocultos. Una vez se produjo la transmisión de la finca, ambas partes acordaron rescindir dicha transmisión mediante otorgamiento de escritura pública, lo que pusieron en conocimiento de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la Oficina Liquidadora de este impuesto entendió que se había producido una nueva transmisión, obligándose el adquirente (antiguo vendedor) a hacer frente al ITPAJD. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el ITPAJD había sido girado al Vendedor con motivo de la resolución de la venta del inmueble y que base imponible del impuesto había sido calculada como resultado de aplicar el correspondiente coeficiente al valor catastral del inmueble.

Sin embargo, resulta de especial interés la causa que ha supuesto la estimación del recurso de anulación ya que aunque se alegaron varios motivos en relación con la no adecuación a Derecho de la liquidación impugnada, el Tribunal detuvo su análisis en el primero de ellos al entender que no debió de utilizarse el procedimiento de comprobación de valores para calcular el valor fiscal del inmueble. Entiende el Tribunal que debía hacerse incoado por parte de la administración tributaria un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o en su caso, de inspección, por lo que al haberse omitido éste, la liquidación del impuesto debe declararse nula.

En Universitas Legis contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en materia fiscal y ponemos a su servicio todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses.

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La Abogacía Española selecciona a Juana Pardo para participar en el seminario sobre el Procedimiento Contencioso Comunitario en Luxemburgo

Juana Pardo, abogada y socia de Universitas Legis, ha intervenido los días 26 y 27 de Abril en un Seminario sobre el proceso contencioso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El seminario “Litigating European Union Law” ha sido organizado por la Academia de Derecho Europeo (ERA) y ha contado con la colaboración de la Fundación de Abogados Europeos (ELF) y la Comisión Europea, además de la Abogacía de seis estados miembros de la UE.

Se ha desarrollado en la ciudad alemana de Trier y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo en el que ha asistido a una vista celebrada, en el marco de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal irlandés, ante cinco Magistrados y el Abogado General. Asimismo, ha tenido ocasión de compartir opiniones con otros abogados expertos en la materia y con el Letrado del Tribunal General D. Juan Ignacio Signes de Mesa.

Según ha manifestado  la abogada “hemos tenido ocasión de conocer de primera mano las distintas vías de acceso tanto al Tribunal de Justicia, como al Tribunal General, siendo la más recurrente la cuestión prejudicial que plantean los juzgados nacionales, ya que supone un 65% de los asuntos que atiende el Tribunal de Justicia”.

Pardo, que cuenta con experiencia en el seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, ostentó una beca por el Ministerio de Asuntos Exteriores para cursar estudios especializados en Derecho Comunitario en el prestigioso Colegio de Europa, con sede en Brujas (Bélgica).

Por otro lado, como ya informamos anteriormente, el TEDH admitió a trámite un recurso presentado por Universitas Legis contra el derribo de una vivienda en Almería, por entender que se ha producido una posible vulneración de derechos fundamentales.

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UN JUEZ SOSTIENE QUE LLAMAR “HIJO DE PUTA” A UN POLÍTICO NO ES UN INSULTO Y ESTÁ AMPARADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El juzgado de instrucción número 3 de Marbella ha dictado una sentencia en la que sostiene que llamar “hijo de puta” a un político no es un insulto y está amparado por la libertad de expresión. Mantiene el titular del juzgado que tal afirmación es “normal” y que el hecho de llamar “hijo de puta” a un político “no cabe calificarlo de objetivamente injuriosos en relación con dicho contexto, y han de considerarse amparados por el ejercicio de la libertad de expresión”. En esta misma línea mantiene el juzgador que se tratan de “afirmaciones normales” y “que es necesario permitir la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar… siempre que las expresiones no sean gravemente ofensivas o vejatorias y el lenguaje se corresponda con el habitualmente utilizado en la práctica, como sin duda ocurre con las expresiones de que se trata (ladrón e hijo de puta)

La sentencia va en contra de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que, por el contrario, afirmó en su sentencia del pasado 27 de enero que la libertad de expresión no ampara “la difusión de expresiones inequívocamente ofensivas en cualquier tipo de contexto, como «hija de puta» En la mencionada sentencia el Tribunal Supremo volvía a afirmar que la prevalencia de la libertad de expresión e información debe prevalecer solo en el caso en el quese prescinda en su comunicación del uso o empleo innecesario de expresiones inequívocamente ofensivas o vejatorias.”

El propio Tribunal Supremo, en otra sentencia de 26 de febrero de 2015, afirmó que  la expresión “hija de puta fue, lisa y llanamente, insultos graves, socialmente considerados como tales, que llevaban consigo un evidente ánimo de ofender, indebidamente no apreciado por el tribunal sentenciador.”

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al afirmar en numerosas sentencias que la Constituciónno reconoce un pretendido derecho al insulto.“ Así lo hace, entre otras muchas, en su sentencia 216/2013 o la 77/2009. En los casos ahora mencionados el Constitucional permite, en determinados contextos, llamar a alguien “casi fascista”, “ser intelectualmente inferior”, o “zoquete”, pero no las en este caso proferidas, incluyendo “hija de puta”.

En este sentido la propia Audiencia Provincial de Málaga, ya se pronunció sobre un caso similar en su sentencia de 9 de junio de 2015 , en la que condenó por vulneración del derecho al honor al que insultó al Vicepresidente de la Ciudad autónoma de Melilla llamándolo “hijo de puta. Así afirma la sentencia que “las frases y expresiones utilizadas por el demandado, a la vista de cualquier persona normal de cultura elemental, tienen un indudable contenido ofensivo o ultrajante. Ningún otro significado puede darse al hecho de que se le llame maricón, mariquita Pérez, hijo de puta

El profesor titular de Derecho civil y autor del manual “La responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor en las redes sociales”, Ramón Herrera, afirma que “el lenguaje ofensivo que se utiliza en este caso es absolutamente innecesario, sin que pueda ser considerado como una crítica. Se trata, como es evidente, de una expresión indudablemente injuriosa, denigrante y, desde luego, desproporcionada que no tiene cabida en el derecho a la libertad de expresión, por muy amplio que este deba de ser.”

En este sentido llama la atención el profesor Herrera sobre un tema trascendente al señalar que “una sociedad que permite el insulto gratuito, que no limita las expresiones vejatorias que se pueden realizar, es una sociedad que permite que nos encontremos ante la más absoluta impunidad.” Para concluir que “no porque un colectivo, los políticos, se encuentren cuestionados por la sociedad se puede permitir que se insulte de manera gratuita a uno de ellos que nada tiene que ver con la situación o alarma creada. Bajo este argumento, si en la sociedad hubiese un hartazgo contra otros estamentos, pongamos la iglesia, la sanidad o la judicatura, nada impediría que, debido a situación mencionada, se pudiese llamar a cualquier miembro de ese colectivo “hijo de puta” sin ser reprendido, al menos civilmente, por ello.”

 

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Fátima Pérez nombrada miembro del Consejo Andaluz de Universidades a propuesta del Parlamento de Andalucía

Nuestra socia Fátima Pérez Ferrer, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería, fue nombrada el pasado día 29 de marzo nueva consejera del Consejo Andalúz de Universidades. El citado órgano es al que corresponden las funciones de planificación, propuesta, consulta y asesoramiento en materia de coordinación Universitaria. Entre sus funciones destacan las siguientes:

  • Conocer, asesorar e informar la Programación e Inversiones de la Junta de Andalucía en el Sistema Universitario Andaluz y sus criterios de aplicación, y, en particular, el modelo de financiación.
  • Informar, a petición del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Universidades, de los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y normas, en general, que puedan afectar al Sistema Universitario Andaluz.
  • Informar sobre la creación y reconocimiento de Universidades.
  • Informar los proyectos de creación, modificación, supresión, adscripción y revocación de la adscripción de centros e Institutos Universitarios de Investigación, así como sobre los proyectos de implantación de nuevos estudios conducentes a la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional, y ser oído en relación con los planes de estudios.
  • Asesorar sobre la organización conjunta de los estudios y servicios universitarios para su mayor racionalización.
  • Informar la planificación autonómica en materia de investigación, desarrollo o innovación.
  • Conocer los diferentes estudios, titulaciones y títulos propios de las Universidades de Andalucía y fomentar la armonización entre los mismos.
  • Impulsar programas de organización deenseñanzas de especialización para posgraduados, de actividades específicas de formación continuada y permanente, y de iniciación laboral en sus diversas modalidades.
  • Elaborar criterios para la convalidación y adaptación de estudios interuniversitarios, a efectos de su continuación en las Universidades andaluzas, especialmente en lo que respecta a los de tercer ciclo y a los conducentes a la expedición de títulos propios de las Universidades andaluzas, sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades.
  • Conocer los conciertos suscritos entre las Universidades y las instituciones sanitarias.
  • Proponer criterios y directrices que hayan de orientar la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, para favorecer la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma y en el ámbito del espacio europeo de enseñanza superior.
  • Conocer del desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas, ayudas y créditos al estudio correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los mecanismos de coordinación de éste con el propio del Estado para asegurar los resultados de su aplicación.
  • Informar sobre los precios públicos y tasas académicas que haya de aprobar la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Ser oído sobre los criterios de la Comunidad Autónoma relativos a los límites máximos de admisión de estudiantes en Universidades públicas y privadas, por motivos de interés general, por la capacidad de los centros o para poder cumplir exigencias derivadas de directivas comunitarias o convenios internacionales.
  • Ser oído en relación con los criterios, indicadores y bases comunes que hayan de utilizarse para la evaluación de la calidad de las Universidades.
  • Conocer los informes y estudios elaborados por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
  • Promover la evaluación continua de los procesos y resultados de las actividades docentes, investigadoras y de gestión desarrolladas por las Universidades andaluzas en ordena potenciar la mejora de su calidad.
  • Promover y apoyar el desarrollo de sistemas internos de evaluación, control y mejora de la calidad en las Universidades andaluzas.
  • Desarrollar y fomentar programas de mejora de calidad en el Sistema Universitario Andaluz.
  • Asesorar a la Consejería de con competencias en materia de educación, en cuantos asuntos le sean solicitados y proponer las iniciativas que estime oportunas para la mejora del Sistema Universitario Andaluz.
  • Promover medidas y políticas generales de empleo activo e inserción laboral para los estudiantes y egresados universitarios.

Fátima Pérez Ferrer es Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería y Doctora en Derecho por citada Universidad de  (2004). Abogada, es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Miembro de distintos proyectos de investigación a nivel nacional sobre temas relacionados con la seguridad vial, violencia de género, menores, tráfico de drogas, Derecho Penal y Medio Ambiente, delitos contra los consumidores, Urbanismo y corrupción. También ha impartido docencia en la Universidad italiana de Perugia y ha sido Profesora visitante en el Institüt Für Die Gesamten Strafrechtswissenchaften, Alemania.

 

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Ramón Herrera dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario

Nuestro socio, el Profesor Titular de Derecho Civil Ramón Herrera, dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario que se celebrará en Murcia durante el mes de octubre. El pasado 6 de febrero de 2017, la Asociación Española de Derecho Agrario, presidida por el Prof. De la Cuesta, anunció que la celebración del próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario tendría lugar en la Región de Murcia. Este anuncio ha contado con el apoyo de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU). El Congreso pretende convertirse en un encuentro científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector agrario, administraciones, empresas y cooperativas. El objetivo es convertir el Congreso en un espacio de análisis, por parte de ponentes expertos, sobre las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al Derecho agrario.

Las directoras generales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, y Fondos Agrarios, Carmen García Frago, se reunieron hoy con el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería y miembro de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU), Ramón Herrera, para abordar la celebración en Murcia del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, que está previsto para el mes de octubre.

Investigadores, profesionales del sector agrario y representantes de administraciones, empresas y cooperativas abordarán en el congreso las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al derecho agrario. Así, las líneas principales del programa serán el futuro de la Política Agraria Comunitaria, la sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario, la titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola y la comercialización de productos agroalimentarios. Para que el congreso tenga la relevancia adecuada y vea cumplidos sus objetivos, la Asociación Española de Derecho Agrario implicará no solo a las administraciones públicas, sino también a la sociedad y al sector privado agroalimentario.

El Congreso tendrá lugar en el mes de octubre durante dos días, en jornadas de mañana y tarde. Contará, por lo tanto, con cuatro sesiones, haciéndolas coincidir con las cuatro líneas principales del programa que serán, a falta de mayor concreción, las siguientes:
El futuro de la Política agraria Comunitaria. Se basará, principalmente, en los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Europea y que estará abierta hasta el próximo 2 de mayo; Sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario. La intención de este bloque tratará de dar luz a los problemas de concurrencia legislativa entre las distintas administraciones; Titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola.; La comercialización de productos agroalimentarios.

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