vimeo imdb vimeo

Socio de Universitas Legis participa en las jornadas organizadas por el Ministerio de Justicia sobre “La necesaria Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos en España”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró el pasado 21 de julio el seminario ‘La necesaria modernización del Derecho de obligaciones y contratos en España’. El curso se desarrolló en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Cuenca, dirigido por el Catedrático de Derecho Civil Domingo Bello Janeiro y organizado por el Ministerio de Justicia.

Entre los destacados ponentes del curso se encontraban el Presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Francisco Marín, El Presidente de la Sala 3ª, Jorge Rodríguez, la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Aurea Roldán, el Director General de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, o el Catedrático de Derecho Civil Rodrigo Bercovitz.

Durante dos días se debatió sobre cuestiones pendientes de la reforma del Derecho de obligaciones y contratos del Código civil español. Esta reforma debe abordar dos problemas principales, cuales son la posible unificación del derecho de obligaciones y contratos, y su modernización en el marco del proceso de armonización comunitaria. Conocidos son los proyectos de Trento y Pavía sobre el núcleo común del Derecho privado en Europa que no han cristalizado aun como debería. El propio Ministerio de Justicia llegó a publicar la propuesta de reforma del Código civil elaborada por la Sección Civil de la Comisión General de Codificación que se refería al régimen general de las obligaciones contractuales, codificado en el Código civil. También ha sido conocida la propuesta llevada a cabo por la asociación de profesores de Derecho civil, cuya propuesta de redacción ya ha sido aprobada por la mencionada asociación.

Nuestro socio, Ramón Herrera, participó como experto en una de las mesas redondas para hablar sobre la posible implantación obligatoria de la mediación para determinados asuntos en materia civil y mercantil. Esta obligatoriedad, permitida por la Directiva europea, ya ha sido implantada en Italia con notable éxito, y también lo está siendo en Francia.

 

read more

La paralización de “Proyecto Bullying” en defensa de los derechos de los menores

El caso más reciente respecto a la protección de los menores en los medios de comunicación es protagonista actualmente del debate de la opinión pública por un programa que la cadena Cuatro tenía previsto emitir a finales de este mes de junio, Proyecto Bullying, y que ha sido paralizado a instancia de las Fiscalías de Menores correspondientes, por considerar que perjudica el interés superior de los menores que aparecen en el mismo.

Si bien en un primer momento solamente la Fiscalía de Menores de Madrid envió un requerimiento paralizando la emisión del programa, la Cadena pensaba emitir otras entregas del programa localizadas en las provincias de Segovia y Cádiz, cuyas Fiscalías no habían pedido medidas en contra de la emisión del programa. No obstante, finalmente también estos Ministerios se han pronunciado en contra de la emisión, lo que ha provocado la cancelación definitiva del programa previsto.

Dicho programa abordaba el tema del acoso escolar, recogiendo testimonios tanto de menores protagonistas del acoso como de personas afectadas de su entorno. Así, tanto la menor protagonista como otros niños que salían en el programa aparecían en pantalla sin ningún tipo de filtro visual o sonoro; mientras el resto de personas que aparecían en el reportaje (compañeros de clase, profesores, directores…), lo hacían con sus rostros y voces completamente distorsionados para evitar su posible identificación. Por lo visto, algunas de las imágenes del programa, en las que se podría ver el acoso que sufre la niña protagonista dentro de su centro escolar, estaban tomadas mediante una cámara oculta colocada en la mochila de la chica (algo que actualmente también es ilegal). A lo largo del capítulo se ve cómo es víctima de insultos, menosprecios y amenazas, tanto de forma física como a través de las redes sociales.

A pesar de que la Cadena en cuestión, que remitió previamente los episodios grabados a la Fiscalía para la autorización de la emisión, ha asegurado a los medios de comunicación que en esos casos contaban con la autorización expresa de sus padres, la Fiscalía argumenta en su requerimiento la aparición de menores perfectamente identificables en las imágenes.

Efectivamente, tal y como hemos explicado en otras ocasiones, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en su artículo 7,  protege los derechos a la intimidad y propia imagen de los menores regulando el derecho que tienen a emitir y recibir una información veraz, además de, en lo esencial, consagrar el principio de no identificación de los mismos cuando señala que “Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación”. Por tanto, es competencia de la Fiscalía evitar las intromisiones en los derechos fundamentales de los menores, incluso mediando el consentimiento de los mismos o de sus representantes legales, cuando consideren que se puede ver afectado el superior interés de los menores. Esta situación se podría haber evitado utilizando mecanismos para impedir la identificación de los menores, como sí se había previsto para los otros implicados que aparecían en el Programa. En este caso, aplaudimos la labor preventiva de las Fiscalías que han intervenido eficazmente antes de que se produzca el daño a los menores.

read more

Caso De Gea: Diligencia de los medios de comunicación, contundencia de la justicia y prudencia del resto

Hoy, el mismo día en el que se inicia la Eurocopa, ha estallado con virulencia el caso De Gea. Una exclusiva de el diario.es apunta a que en el marco de la investigación a Torbe una testigo protegida contó a la Policía que fue obligada en 2012 a mantener relaciones con Iker Muniain y otro futbolista contra su voluntad en una cita que habría contratado De Gea, que no estaba en el encuentro. En este post, queremos tratar la protección del honor de los futbolistas que pueden verse afectados y la libertad de información como elemento esencial en nuestra democracia.

Partiendo de que el trabajo del eldiario.es me parece, por su prudencia y contenido, muy bueno, no podemos olvidar que puede que afecte a personas que o bien no tienen nada que ver con los hechos, o que finalmente se vean absueltos de cualquier responsabilidad penal.

Lo importante para los medios de comunicación en este caso no es tanto que el contenido de la noticia sea verdad, sino que  hayan actuado con diligencia a la hora de obtener la información. Los medios de comunicación no responderán por el daño causado a los futbolistas, excepto si este hubiese sido provocado por una mala praxis profesional o por carecer de la suficiente diligencia. Pongo un ejemplo; sabemos que hay un tercer futbolista, que eldiario.es no ha mencionado, pero que muchos otros si lo han hecho. Si resulta que este último futbolista no hubiese tenido relación con los hechos, y los medios que han publicado su nombre no hubiesen actuado con la diligencia necesaria para contrastar la noticia, sí que podrían responder por la vulneración del honor del futbolista.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 19 de diciembre de 2013 estableció que si un medio actuaba con  “diligencia en la averiguación de los hechos…legitima el derecho a la información”. En otras palabras, “las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos”. Pero aquellos medios que transmitan como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, sí que serán responsables del posible daño causado al futbolista.

Esta circunstancia cuenta con un problema añadido, y es la repercusión en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde miles de usuarios dan nombres, o confirman participantes en los hechos sin tener prueba alguna. Esto me recuerda al caso que se produjo en el Reino Unido, en el año 2012, cuando diversos medios de comunicación publicaron, de forma errónea, que Lord Alistair McAlpine había abusado una docena de veces de un joven en los años setenta. Los hechos se demostraron absolutamente falsos. Fueron más de 1.000 los tuits en los que se mencionaba esta información, y superaban los 9.000 retuits. McAlpine decidió demandar tanto a los que pusieron el tuit original como a todos aquellos que lo retuitearon, pero con una original medida: solicitaba a aquellos usuarios con menos de 500 seguidores que pagasen 5 euros de manera simbólica a una ONG, y la cantidad subía proporcionalmente si el número de seguidores lo hacía.

Por eso me atrevo a pedir diligencia a los medios –como están teniendo la gran mayoría-, contundencia a la justicia y prudencia a todos los demás.

read more

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Almería reconoce la Iniciativa Emprendedora de Universitas Legis

Universitas Legis ha sido seleccionada como finalista en los Premios convocados por la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Almería en la modalidad de Iniciativa Emprendedora. Dicho premio que anualmente convoca la Asociación reconoce el impulso de proyectos empresariales que destacan, entre otros, por su carácter innovador. Recientemente, Universitas Legis ha sido calificada por la Universidad de Almería como Empresa basada en el conocimiento (EBC) y por AENOR como Joven Empresa Innovadora (JEI).

La presentación de la candidatura tuvo lugar el pasado día 12 de Mayo de 2016 en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar (Almería) ante un numeroso jurado compuesto por representantes de los distintos colectivos, colegios profesionales, Universidad de Almería, entidades financieras, etc.

La Gala de entrega de los Premios se celebró el jueves día 19 de Mayo en el Castillo de Santa Ana sito en el referido municipio de Roquetas de Mar, en un entorno inigualable, al que asistieron autoridades y numerosos empresarios de la provincia.

En representación del Bufete, acudieron a la entrega de los premios los socios Juana Pardo, Alba Paños y Miguel Ángel Barrientos quienes tuvieron la ocasión de dirigirse al público asistente para felicitar a AJE por la iniciativa y agradecer el reconocimiento a Universitas Legis cuyo signo distintivo es la prestación de servicios legales de calidad y realizado en equipo.

read more

¿Es necesaria la prueba biológica de paternidad para determinar la filiación?

El Artículo 767 de la LEC establece que no se admitirá la demanda sobre determinación de la filiación si con ella no se presenta un principio de prueba de los hechos en que se funde. Igualmente establecen los números 2 y 3 del artículo 767 de la LEC 1/2000 que en los juicios sobre filiación será admisible la investigación de la paternidad y de la maternidad mediante toda clase de pruebas, incluidas las biológicas. De este modo, como señala reiterada jurisprudencia, la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad y la prueba de ésta no se haya obtenido por otros medios. Es decir, que si no se pudiese llegar a practicar la prueba biológica, podría establecerse la paternidad a traves de otros medios.

El Tribunal Constitucional se manifiesta en este sentido en sentencia de fecha 17 de enero de 1997 en la que señala que “es evidente que, en los supuestos en que existan pruebas suficientes de paternidad, la prueba biológica ofrece a lo sumo un elemento de convicción que permite corroborar o contrastar la fiabilidad del resultado probatorio ya obtenido por otros medios de prueba y podemos citar la STS de fecha 24 de Febrero de 2005 que en un caso en el que no se pudo practicar la prueba biológica interpreta que los antiguos arts. 127 y 135 del Código Civil (hoy derogados por la Ley de Enjuiciamiento Civil) “establecen y propician una amplia gama de procedimientos para llegar a conocer la realidad genética, permitiendo que los Tribunales utilicen al efecto cualquier sistema de los previstos por la razón humana, en consonancia con la realidad sociológica y la época en que aquellas relaciones se produjeron, así como con la realidad social en que han de ser aplicadas esas normas de tan amplio espectro inquisitivo, atendiendo, fundamentalmente, al espíritu y finalidad de éstas, que no es otro que la defensa de los intereses prioritarios de los hijos. Tal principio de libertad en la práctica de las pruebas y de razonable apreciación y valoración de las mismas por el Juzgador tiende, en definitiva, a buscar el principio de verdad material en el proceso, para lo cual resulta decisivo el último inciso del citado art. 135 , que alude a otros hechos de los que se infiera la filiación, de modo análogo

Así pués, a pesar de que es un elemento que puede llegar a resultar definitivo, no es imprescindible para establecer la paternidad en un procedimiento de esta naturaleza.

read more

Los accionistas originarios de bankia disponen de 4 años desde la compra de sus acciones para recuperar su inversión

Hace escasos días, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a Bolsa. La Sala Civil estableció que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.

La acción de nulidad de la que disponen todos los pequeños accionistas está sujeta a un plazo de 4 años, según lo establecido en el art. 1301 de Código Civil (CC), que es el que opera en el caso de error, dolo o falsedad de la causa desde la consumación del contrato, es decir, desde la compra de las acciones. Hemos de recordar que el art. 1265 establece la nulidad del consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Como señala el artículo 1266 CC. Para que el error invalide el consentimiento, debe de recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiese dado motivo a celebrarlo, que es justamente lo que ha sucedido en este caso.
Es importante no confundir la nulidad con la anulabilidad. La nulidad de pleno derecho, como es sabido, sucede cuando no existe alguno de los elementos esenciales del contrato recogidos en el artículo 1261 C.C.. En este caso se deben referir al consentimiento; pero es que sí hay consentimiento en los compradores de las acciones, distinto es que éste haya podido estar viciado por un error, como ha señalado el Tribunal Supremo en la reciente sentencia. Por lo tanto nos hallaríamos ante una posible anulabilidad o nulidad relativa conforme a lo establecido en el artículo 1300 C.C., cuando, dichos requisitos, existen vicios que pueden llegar a invalidar el contrato.

Y es aquí donde la diferencia señalada toma relevancia. Si nos encontrásemos ante un caso de nulidad absoluta la acción no prescribiría nunca, así, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1975 establece que “con arreglo a la reiteradísima jurisprudencia de esta Sala, la acción para declararlo así, pese a lo previsto en el artículo 1961 del mismo ordenamiento no está sujeta a prescripción extintiva”. En este mismo sentido se pronuncia, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2005 al señalar que “aunque ciertamente la literalidad del artículo 1301 C.C. podría llevar a un lector profano a considerar que la acción de nulidad caduca a los cuatro años, tanto la jurisprudencia como la doctrina coindicen unánimemente en interpretar que el artículo 1301 C.C. se aplica a la anulabilidad y no a la nulidad, que es definitiva y no puede sanarse por el paso del tiempo, insubsanable, el contrato viciado de nulidad absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confirmación ni de prescripción.”
Pero en este caso, la acción, al tratarse de un caso de nulidad relativa, tendría un plazo de prescripción de cuatro años, desde que se consumó la compra, quedando convalidado el contrato si hubiese transcurrido ese plazo, como así lo establece el ya referido artículo 1301 C.C..

Si te encuentras en esta situación contacta con nuestros expertos. En Universitas Legis tenemos un equipo de abogados con experiencia en la materia

 

read more