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Ramón Herrera dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario

Nuestro socio, el Profesor Titular de Derecho Civil Ramón Herrera, dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario que se celebrará en Murcia durante el mes de octubre. El pasado 6 de febrero de 2017, la Asociación Española de Derecho Agrario, presidida por el Prof. De la Cuesta, anunció que la celebración del próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario tendría lugar en la Región de Murcia. Este anuncio ha contado con el apoyo de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU). El Congreso pretende convertirse en un encuentro científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector agrario, administraciones, empresas y cooperativas. El objetivo es convertir el Congreso en un espacio de análisis, por parte de ponentes expertos, sobre las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al Derecho agrario.

Las directoras generales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, y Fondos Agrarios, Carmen García Frago, se reunieron hoy con el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería y miembro de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU), Ramón Herrera, para abordar la celebración en Murcia del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, que está previsto para el mes de octubre.

Investigadores, profesionales del sector agrario y representantes de administraciones, empresas y cooperativas abordarán en el congreso las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al derecho agrario. Así, las líneas principales del programa serán el futuro de la Política Agraria Comunitaria, la sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario, la titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola y la comercialización de productos agroalimentarios. Para que el congreso tenga la relevancia adecuada y vea cumplidos sus objetivos, la Asociación Española de Derecho Agrario implicará no solo a las administraciones públicas, sino también a la sociedad y al sector privado agroalimentario.

El Congreso tendrá lugar en el mes de octubre durante dos días, en jornadas de mañana y tarde. Contará, por lo tanto, con cuatro sesiones, haciéndolas coincidir con las cuatro líneas principales del programa que serán, a falta de mayor concreción, las siguientes:
El futuro de la Política agraria Comunitaria. Se basará, principalmente, en los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Europea y que estará abierta hasta el próximo 2 de mayo; Sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario. La intención de este bloque tratará de dar luz a los problemas de concurrencia legislativa entre las distintas administraciones; Titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola.; La comercialización de productos agroalimentarios.

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Aun puedes reclamar la devolución de lo pagado por cláusulas suelo

El pasado 21 de enero entraba en vigor el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. A través de la promulgación de este Decreto-Ley, el ejecutivo trata de dar una solución a la problemática surgida respecto de las cláusulas suelo, a la vez que aspira a evitar seguir congestionando el sistema judicial.

El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a los contratos de préstamo constituidos con una garantía hipotecaria y que cuenten con cláusulas suelo, siendo una de las partes contratantes una entidad financiera y la otra un consumidor. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia está interpretando el concepto de consumidor en un sentido amplio, incluyendo a empresarios individuales o autónomos.

Si echamos la vista atrás, nos encontramos como precedente de esta nueva redacción normativa la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, que con fecha 9 de mayo de 2013, declaró abusivas las cláusulas suelo recogidas en los contratos de préstamo hipotecario firmados por varios consumidores con distintas entidades bancarias. Sin embargo, el fallo de la sentencia también recogía un aspecto importante: la irretroactividad de los efectos de la nulidad declarada respecto de las referidas cláusulas suelo. Así pues, de acuerdo con dicho criterio, en aquellos casos en los que las cantidades  hubiesen sido satisfechas con anterioridad al día 9 de mayo de 2013, no debían ser reintegradas por las entidades financieras, pese a la declaración de lesivas de las citadas cláusulas.

A finales del pasado año, concretamente el día 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallaba que  la sentencia del Tribunal Supremo como contraria al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Es por ello que desde ese momento se empezó a trabajar en el diseño de un proceso alternativo al judicial y se acordó introducir mediante Decreto-Ley una vía extrajudicial a través de la cual se pudiesen llegar a restituir las cantidades abonadas por los consumidores sin necesidad de acudir al cauce judicial.

De este modo, se regula el derecho de reclamación extrajudicial,  sin necesidad de acudir a los Tribunales, sin perjuicio de que se pueda interponer demanda judicial toda vez que no se llegue a un acuerdo con la entidad financiera. La nueva legislación da el pistoletazo de salida para que, en un plazo máximo de tres meses tras la reclamación, el banco se ponga en contacto con el cliente requirente para, en su caso, devolver las cantidades que correspondan. No obstante el tiempo transcurrido desde la publicación de la norma, algunas entidades financieras todavía no han definido su protocolo de actuación al respecto.

Conocido el mecanismo, huelga decir que las cuantías que se deban reintegrar deberán ir acompañadas de los correspondientes intereses devengados. Por otro lado, recalcar que todo aquel que obtenga una devolución de cláusula suelo deberá de tributar por las cuotas percibidas. A efectos procesales, durante el período que dure la negociación entre la entidad y el consumidor, ninguna de las partes podrá someter el proceso en el que se ven inmersos al arbitrio judicial.

Por último, apuntar que en caso de disconformidad con las cuantías ofrecidas por la entidad bancaria, el cliente podrá rechazarlas. En este caso, y una vez transcurridos los 3 meses establecidos para el periodo de negociación, se podrá acudir a la vía judicial para obtener mayor beneficio que el propuesto por la entidad financiera.  En caso de obtenerse un fallo a favor del consumidor, la entidad bancaria será condenada a abonar los gastos asumidos por el cliente (abogado, procurador, perito, etc).

Los abogados de Universitas Legis están a su disposición para asesorarle en esta materia, contando con una amplia experiencia relativa a cláusulas abusivas y reclamación de cuantías cobradas indebidamente por las entidades financieras.

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¿Seguirá siendo Pepe Navarro el padre del hijo de Ivonne Reyes?

En 2009, Pepe Navarro fue demandado por Ivonne Reyes y, tras negarse a someterse a la prueba de,  el juez, en base al resto de pruebas presentadas, sentenció, en junio de 2010, a favor de Ivonne y reconoció a Alejandro como hijo de Pepe Navarro, que  fue condenado a pasar una pensión alimenticia de 800 euros mensuales al menor. 6 años después Publica el diario El Mundo que Pepe Navarro no es el padre del hijo de Ivonne Reyes, según un análisis de ADN de muestras del joven. Ante esta nueva revelación, el pasado mes de diciembre Andrea Navarro, hija del presentador,  presentó ante el Tribunal Supremo un recurso de revisión a la sentencia del año 2010, ya firme.

Esta noticia nos plantea varias cuestiones relativas a las demandas de filiación que es interesante ahora analizar:

 

  1. ¿Puede determinarse la paternidad sin que el padre se someta a la prueba de ADN?

Sí, la negativa injustificada a someterse a la prueba biológica de paternidad permitirá al tribunal declarar la filiación reclamada, siempre que existan otros indicios de la paternidad.

Así afirma el Tribunal Constitucional en su sentencia de fecha 17 de enero de 1997 que “es evidente que, en los supuestos en que existan pruebas suficientes de paternidad, la prueba biológica ofrece a lo sumo un elemento de convicción que permite corroborar o contrastar la fiabilidad del resultado probatorio ya obtenido por otros medios de prueba“ Es decir, incluso sin la prueba biológica se puede producir la condena del demandado, bien porque se negó a someterse a ella o bien por estar en situación de rebeldía.

 

  1. ¿Pueden los hijos del condenado recurrir la sentencia?

Aquí nos encontramos con un problema de legitimación. Para poder formar parte del procedimiento uno ha de cumplir con los requisitos exigidos por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Señala la noticia, que la hija de Pepe Navarro no se base “tanto a la posible herencia”, y esto es así porque realmente aun no es heredera de Pepe Navarro. Es decir, que este recurso podría presentarlo ante el Supremo por perjudicar su legítima en el momento en el que Pepe Navarro fallezca y su hija se convierta en heredera. Porque hasta entonces no estará legitimada. Es posible que en un futuro sea su heredera, pero ni lo es ni es seguro que lo sea. Podría suceder, por ejemplo, que incurra en una causa de indignidad, o que el padre la desherede a través del testamento por alguna de las causas recogidas en el Código civil.

Parece muy interesante, incluso sagaz, el argumento utilizado por la hija de Pepe Navarro, que se basa en “el derecho a la familia”, consagrado en la Constitución en los artículos 9.2 y 39. Pero realmente, lo que hace la Constitución española es proteger a la familia. Veremos si el Supremo admite este recurso. De hacerlo, el resultado parece evidente.

 

Como dice el Prof. Luna Serrano “lo que el derecho dice y afirma como cierto, en función de su autoridad, no siempre se corresponde con la verdad, que se percibe o se descubre por la razón”.  “En definitiva, el derecho adopta una postura de cierta relatividad en relación con la verdad, en cuanto que, si ésta, como objetividad material, sólo puede calificarse como tal cuando es verificada con exactitud, la realidad jurídica se cifra, en cambio, en el carácter de su efectividad, lo que la hace en definitiva consistir en una “certeza” reformulada o imaginada, en el sentido de que puede coincidir o no con la verdad histórica, objetiva o material

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EL TJUE SE PRONUNCIA A FAVOR DE LA RETROACTIVIDAD DE LAS CLÁUSULAS SUELO

Después de los últimos pronunciamientos del Pleno del TS sobre las cláusulas suelo declaradas abusivas en los préstamos hipotecarios, las entidades bancarias continuaban reacias a eliminar de estos contratos dichas cláusulas, obligando a los consumidores a reclamar su retirada en vía judicial, tras un previo intento de solución extrajudicial. No obstante, el panorama con el que se han encontrado en los juzgados no es muy alentador, dada la inseguridad jurídica que se ha creado por la existencia de pronunciamientos contradictorios al respecto, dividiéndose entre aquéllos que acogían la doctrina sentada por el TS en mayo de 2013, que afirmó la irretroactividad de los efectos de la nulidad declarada (doctrina que clarificó el mismo TS marzo de 2015 limitando el efecto restitutorio a la fecha de publicación de la anterior sentencia); y aquéllos otros que, no admitiendo esta excepción, están estimando la devolución de las cantidades cobradas de más por la entidad desde la perfección del contrato, como único recurso para resarcir plenamente a un consumidor perjudicado por una cláusula abusiva.

 

Pues bien, esta polémica acaba de saldarse con el esperado pronunciamiento de esta misma mañana del Tribunal de Justicia de la UE que, en contra del Informe que el pasado 13 de julio presentó el abogado de este Tribunal que tiene asignado el caso (en contra de que los bancos españoles devolvieran todo el dinero), ha determinado que la banca española tendrá que devolver a sus clientes el total de lo percibido indebidamente de más por aplicación de las cláusulas suelo de sus contratos de préstamos hipotecarios desde la firma de los mismos.

 

Así, nuestro Alto Tribunal, en la ya reiteradamente citada STS de 9 de mayo de 2013 optó, en una de las decisiones del Pleno más polémicas de los últimos tiempos, por afirmar la irretroactividad de los efectos de la nulidad declarada invocando argumentos tales como la seguridad jurídica, la buena fe y el riesgo de trastornos graves que pueden afectar al orden público económico. Jurisprudencia ésta, no obstante, que ha sido clarificada por la reciente STS de 25 de marzo de 2015, en la que el Pleno ha reiterado su doctrina respecto a la retroactividad de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, matizando que el efecto restitutorio de las cantidades ya pagadas en virtud de las mismas declaradas nulas por falta de transparencia se podrá producir desde la fecha de la publicación de la mencionada sentencia de la propia Sala, 9 de mayo de 2013. No obstante esta resolución, la sentencia incluye un voto particular, suscrito por los magistrados Orduña Moreno y O’Callaghan Muñoz, en el que discrepan de la misma y cuya argumentación compartimos plenamente. En este sentido, numerosos juzgados alertaban de que aplicar la irretroactividad que fijó el Tribunal Supremo en mayo de 2013 supondría un incentivo para que las entidades sigan incluyendo dicha cláusula al obtener un beneficio económico hasta que los afectados acudan a los tribunales y se declare nula.

En nuestra opinión, como ya adelantábamos en su día, el contexto metodológico que exige examinar en cada caso concreto el régimen de ineficacia de la declaración de nulidad, en el marco de una acción individual de impugnación y atendiendo a la tutela de los específicos derechos del consumidor, se debe traducir, necesariamente, en la estimación del efecto devolutivo de las cantidades percibidas de más por la entidad bancaria desde la perfección del contrato como consecuencia de la aplicación de la cláusula suelo declarada abusiva. Y ello, porque la nulidad de dicha cláusula determina la carencia de título alguno que justifique la retención de esas cantidades y su atribución a la entidad financiera, sin que existan razones de seguridad jurídica, ni riesgo alguno de grave trastorno económico para la entidad y sin que, por supuesto, pueda ya alegarse la buena fe por parte de la misma. Resulta inadmisible que ésta acabe siendo “premiada” por nuestra jurisprudencia al excepcionar la retroactividad que es inherente a toda declaración de nulidad de una cláusula abusiva, limitando el efecto restitutorio a una fecha concreta (9 de mayo de 2013) de manera genérica, y debiendo asumir el consumidor parte de las consecuencias del abuso.

Esta excepción establecida por el TS vulnera lo dispuesto en nuestro artículo 1303 CC y, en consecuencia, viola el principio de seguridad jurídica recogido en el artículo 9.3 CE. Asimismo, el TJUE señala que dicha solución es incompatible el Derecho Comunitario, no sólo contraría la Directiva 93/33/CEE del Consejo sino también la doctrina contenida en la STJUE de 14 de junio de 2012, que dio lugar a una nueva redacción del artículo 83 TRLGDCU, reforma operada por la Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se prohíbe integrar en modo alguno las cláusulas declaradas abusivas, ya que con ello se favorecería a la entidad bancaria, que habiendo utilizado dichas cláusulas se beneficia de las consecuencias de la integración.

 

En conclusión, como venimos defendiendo y tal y como acaba de ratificar el TJUE, lo único que verdaderamente repararía el derecho de infomación del consumidor, por haberse infringido el control de transparencia de las cláusulas incluídas en su contrato de préstamo hipotecario, es que se le devuelvan íntegramente las cantidades que la entidad financiera ha percibido de más, como consecuencia de la aplicación de dichas cláusulas, desde el momento del inicio del contrato. Otra solución adoptada por los tribunales no podemos sino considerarla una merma a la tutela judicial efectiva del consumidor, por lo que esta es la posición que venimos defendiendo en las demandas que nuestros clientes nos solicitan ante los mismos.

En Universitas Legis contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en este tipo de reclamaciones, y ponemos a su servicio todos los medios necesarios para obtener la justa compensación.

 

Alba Paños Pérez

Profesora de Derecho Civil de la Universidad de Almería

Socia de Universitas Legis

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¿Se ha de retirar la patria potestad a los padres de Nadia?

Estos días ha tenido un importante eco mediático la situación de Nadia, la menor mallorquina afectada por una grave enfermedad cuyos padres, si es que finalmente lo fuesen, habrían aprovechado la enfermedad de su hija para enriquecerse. El juez les ha retirado la patria potestad, a pesar de que algunos medios lo confundan con la custodia, y lo que pretendemos en este breve artículo es conocer si se dan las causas previstas en la Ley para ello.

Lo primero que hemos de tener en cuenta, antes de entrar a analizar la posible privación o, como es más común, la suspensión de la patria potestad de los progenitores, es el contenido de ésta, que, según establece el artículo 154 del Código civil “se ejercerá siempre en beneficio de los hijos” y comprende el deber de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.” Habría que conocer si en el presente caso se incumplen estas obligaciones por lo que se podría invocar el contenido del artículo 170 del Código civil que establece la posibilidad de privar al progenitor de la patria potestad en caso de incumplimiento de los deberes inherentes a la misma en virtud de Sentencia fundada, no como una sanción que ha de imponerse a los progenitores que puedan incumplir con sus obligaciones, sino como un medio de protección del interés del menor.

Aunque es cierto que el código habla de privación, en la práctica judicial se trata más de una suspensión que de una retirada de la patria potestad porque suele sostenerse el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores como un beneficio del propio menor. Aunque personalmente no tengo claro de que esa suspensión, cuando es muy prolongada, sea retirada pasados unos años, puesto que podría entenderse que lo que se intenta favorecer en ese caso no es el interés del menor, sino el de los padres de éste. Sea como fuere, suspensión o privación, los progenitores podrán solicitar la recuperación de la patria potestad cuando hayan desaparecido las causas que  provocaron su pérdida.

Como hemos señalado anteriormente, habría que saber si los padres de Nadia han incumplido de forma reiterada y prolongada en el tiempo esos deberes. Con ello quiero decir que el hecho de que un padre cometa un delito, por ejemplo el de estafa como parece que sucede aquí, no implica la privación automática de la patria potestad. Podría perderse, en su caso, la custodia, pero para que se pierda la patria potestad el incumplimiento tiene que hacer referencia a los deberes con la menor. Si los padres la han cuidado, la han atendido, no se les debería privar de la patria potestad por el mero hecho de cometer un delito. No afirmo, porque carezco de datos, que la resolución del juez sea injusta, sino que ha de basarse en el incumplimiento de los deberes contenidos en el artículo 154 del Código civil, y no en la existencia de la comisión de un delito. Así pues, la patria potestad como un derecho-deber o como un derecho-función puede restringirse, suspenderse, e incluso, como último extremo, privarse de la misma, cuando sus titulares no asumen las funciones inherentes a ella, o las ejercen con un evidente perjuicio para sus hijos[1].

 

Es decir, en el presente caso lo que nos debe preocupar, desde este punto de vista, es de si los padres han cuidado a Nadia, de si le están dando los cuidados que ella necesita; si la están sometiendo a las pruebas, operaciones o tratamientos adecuados. De si la menor está o no escolarizada, de si la educación es o no la correcta, etc…

El Tribunal Supremo ha fijado ya en distintas ocasiones cuales son las causas por las que un Juez podrá privar de la patria potestad a sus progenitores. Entre otras, la Sentencia STS de 18 de octubre de 1996 señala como tales la inobservancia de aquellos deberes -los de la patria potestad- de modo constante, grave y peligroso para el beneficiario y destinatario de la patria potestad, el hijo en definitiva. Dentro de la falta de un adecuado cumplimiento de los deberes paterno-filiales se incluyen, según reiterada doctrina jurisprudencial, aquellos que suponen desatención, abandono de los menores, consecuencia de una total desidia o desinterés en afrontar y cumplir con los deberes de alimento, compañía, educación, cuidado que corresponde a quienes ejercen la patria potestad, poniendo en riesgo o peligro la propia subsistencia del menor, a la par que un completo desarrollo de su personalidad.

 

Hemos de añadir que para que proceda la medida de la privación de la patria potestad tan solo es necesario la concurrencia de una causa objetiva como es el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, por lo que se requiere simplemente la causación de un daño o perjuicio derivado de una conducta incumplidora.

 

Señala en este sentido la sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de febrero de 1999 que: «la amplitud del contenido del precepto (incumplimiento de los deberes de la patria potestad) y la variabilidad de las circunstancias que han de ser tenidas en cuenta para juzgar los actos de los padres exigen conceder al Juez una amplia facultad discrecional de apreciación que, como tal, tiene, igualmente, difícil acceso a la casación, pero en modo alguno puede prescindirse de que se trata de una facultad reglada, en cuanto que su aplicación exige tener siempre presente el interés del menor, informante tanto de la privación de dicha patria potestad como de su mantenimiento».

 

En definitiva, es cierto que el ejercicio de la patria potestad se confiere a los progenitores y que solo en circunstancias excepcionales se justifica la privación de la misma. Pero no es menos cierto que el principio del interés del menor se sitúa por encima de este derecho, por lo que,  cuando en el ejercicio de la patria potestad los padres incumplen los deberes inherentes a la misma y ponen en peligro el bienestar del menor, la intervención de los poderes públicos en la autonomía familiar está plenamente justificada.

Ramón Herrera de las Heras

Profesor Titular de Derecho Civil y socio de Universitas Legis

 

[1] BERROCAL LANZAROT, A.I.: “La patria potestad: modificación, suspensión, privación, exclusión, recuperación y extinción”, en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº723

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¿Se permite en España la maternidad subrogada?

Hoy hemos conocido que una pareja almeriense y una joven gaditana han sido detenidas por la Guardia Civil por la presunta compraventa de un bebé. La intención de la madre biológica era vender a la recién nacida de tres días a una pareja de Vicar a cambio de 10.000 euros tras someterse a una inseminación artificial

El contrato de maternidad subrogada, que es aquel mediante el cual una mujer acepta ser gestada a través de las técnicas de reproducción asistida y se compromete a entregar a los contratantes el nacido, es rechazado por nuestra legislación. Así, el artículo 10 de la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida señala que: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero

Pero es que, además de la citada nulidad, la venta de un menor lleva aparejada una pena privativa de libertad de entre 1 y 5 años. Así lo establece el artículo 221 Código Penal: “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años”. “Con la misma pena serán castigados la persona que lo reciba y el intermediario, aunque la entrega del menor se hubiese efectuado en país extranjero.”

A pesar de ello, en España,  se puede inscribir en el Registro a niños nacidos por maternidad subrogada siempre y cuando ésta tenga lugar en un país cuya legislación permita este contrato. En estos casos hay que demostrar la filiación mediante una sentencia de un tribunal del país donde tuvo lugar el nacimiento, así como demostrar que se ha aportado material genético.

En la mayoría de los países de la UE también se prohíbe esta práctica. De este modo en Francia “todo convenio relativo a la procreación o la gestación por cuenta de otro será nulo”. Lo mismo sucede en Alemania: “Será sancionado con una pena privativa de la libertad de hasta tres años o de una multa quien practicara

 

En cambio hay otros países en los que, con mayores o menores restricciones, se permite esta práctica. De este modo, Canadá la permite siempre y cuando no se pague una recompensa a la mujer para que sea una madre sustituta.

En otros países, como ocurre en algunos Estados de Estados Unidos sí que está regulada y es legal. Así sucede en California, uno de los Estados más liberales. Allí no exigen que estén casados ni es necesario que ninguno de ellos aporte el material genético. El proceso judicial para declarar la filiación a favor de los padres contratantes tiene lugar en el quinto mes de embarazo de la madre gestante, de forma que antes de que se produzca el nacimiento ya se ha dictado la resolución judicial y el hospital reflejará como padres, en el certificado que expida, a los contratantes.

Es evidente que España necesita una nueva regulación en esta materia.

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