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Universitas Legis designada Administradora Concursal de sociedades en concurso

Universitas Legis ha sido designada Administradora Concursal de sociedades en concurso. La Administración concursal es designada por el Juez de lo Mercantil con ocasión de la declaración de concurso de la persona física o jurídica. Dicha figura suele recaer en uno o varios profesionales con especiales cualidades de gestión y amplios conocimientos jurídicos y contables. Es por ello que en la práctica, los Tribunales suelen nombrar en numerosas ocasiones a sociedades profesionales compuestas por abogados y economistas. El criterio que siguen los Jueces del concurso es el de profesionalidad y adecuación entre el perfil del designado y las características del concurso. En un futuro, está previsto que se realice mediante lista secuencial de entre los inscritos en el Registro Público concursal.

En relación con este tipo de asuntos, Universitas Legis cuenta con especialistas con amplia experiencia en esta materia y que han formado parte del equipo de Garrigues.

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Fátima Pérez publica una monografía sobre el Bullying, el ciberbullying y el acoso

La editorial jurídica Dykinson acaba de editar una monografía sobre el Bullying, ciberbullying y el acoso de la que es autora nuestra socia Fátima Pérez Ferrer junto a la profesora de Derecho civil de la Universidad de Almería, Ana Mª Pérez Vallejo.

La obra, titulada “Bullying, ciberbullying y el acoso con elementos sexuales: desde la prevención a la reparación del daño“, realiza un diagnóstico sobre la violencia protagonizada entre iguales y sus nuevas formas de comisión, por ser una preocupante realidad presente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Su manifestación implica exclusión social, intimidación y maltrato infantil. El estado actual de la cuestión podría calificarse de preocupante, más aún por el impacto de las TICs, que sin lugar a dudas amplifica los efectos devastadores del bullying tradicional. Esta investigación alerta, con datos contrastados, sobre el aumento del uso de las redes sociales (Tuenti, Facebook o Twitter) y dispositivos móviles (aplicaciones WhatsApp) como plataformas para la realización de actos de violencia escolar y otros tipos de acoso con elementos sexuales entre menores (child grooming y sexting). Conductas vejatorias, amenazas, comentarios dañinos, difusión de fotos o videos de contenido comprometido, facilitados voluntariamente por la víctima a otro menor y que pueden generar un proceso de ciberbullying entre menores y adolescentes que se conocen dentro del mismo círculo educativo.

Ante este panorama, en el que se aprecian carencias o déficits a distintos niveles, es preciso dotar a la sociedad de potentes instrumentos en fase de prevención, cuyo abordaje se hace inmediato e imprescindible. Distintas medidas que desde el propio ámbito educativo, resultarían suficientes para poner freno al problema. Sin embargo, cuando las medidas preventivas o disuasorias no han funcionado y no es posible la “desjudicialización” del conflicto, victima y agresor se incorporan al proceso. Las viejas y nuevas formas de violencia entre pares son conductas antijurídicas, que además del reproche criminal que merecen, dan lugar a la correspondiente responsabilidad civil para reparar el daño injustamente causado. En este contexto se analiza y sometemos a consideración si el actual sistema judicial responde adecuadamente a la reparación integral de los daños resarcibles al menor víctima y si procura la rehabilitación y resocialización de menor infractor autor de estas conductas.

Fátima Pérez Ferrer es Doctora en Derecho por la Universidad de Almería (2004), socia de Universitas Legis y Profesora Titular de Derecho Penal. Es miembro del Grupo de Investigación “Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada” (SEJ -151), y de distintos Proyectos de investigación a nivel nacional sobre temas relacionados con Seguridad Vial, Violencia de Género, Menores, Urbanismo y delitos de corrupción. En la actualidad, es miembro del Proyecto I+D “Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervención socio-legal” (DER 2014-58084). Autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Profesora Visitante en el Institüt für die gesamten Strafrechtswissenchaften en Munich (Almenia).

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Un juzgado de Almería establece que un menor deberá dormir cada día con uno de los progenitores, mientras el Tribunal Supremo se manifiesta en contra de la casa nido

Cada vez son más los casos en los que los tribunales de nuestro país determinan un régimen de custodia compartida. La evolución en los últimos años es clara, y tanto las legislaciones forales como la jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo determinan. Pero no siempre es fácil establecer un sistema en el que los niños sufran lo menos posible. Hace unos meses, el juzgado de primera instancia número 6 de Almería estableció un régimen de custodia compartida muy cuestionable: Un día, de forma alternativa, con cada uno de los progenitores. Lo expresa así: “El periodo escolar corresponderá al padre, los martes y jueves, desde la recogida del colegio cada uno de los días, hasta el día siguiente a la entrada al colegio; y a la madre los lunes y miercoles. Los fines de semana alternativamente a ambos progenitores.” Con todos los respetos a las decisiones judiciales, este sistema parece, cuanto menos, muy cuestionable. ¿Es razonable que un niño duerma cada día en una casa distinta, con alguien distinto? ¿No requeríría más estabilidad?

Pero tampoco parece que la “casa nido” sea la solución. Al menos así lo ha señalado el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 11 de febrero de 2016 en la que establece que ““Esta Sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar sino dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a los menores y al padre o madre que con el conviva, pues ya la residencia no es única, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 C. Civil, aplicado analógicamente, a la vista de la paridad económica de los progenitores, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año, computable desde la fecha de la presente sentencia con el fin de facilitar a ella y a los menores (interés más necesitado de protección), la transición a una nueva residencia (STS 9 de septiembre de 2015, rec. 545 de 2014), transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales“.

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La custodia de los menores de edad por sus abuelos

Publicaba ayer Confilegal una interesante noticia sobre la solicitud que han realizado unos abuelos pidiendo la custodia de sus nietos por “no considerar apta a su hija”. Hace unos meses tratamos este interesante tema, en el que concluimos que, en determinados casos y circunstancias, es perfectamente posible, incluso conveniente, que sean los abuelos los que tengan la custodia de los nietos.

Así se hace eco la noticia del requerimiento de los abuelos de los menores en base al interés superior de los menores y apoyándose en lo señalado en el “punto dos del número uno del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre”, donde se indica que “excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea, confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.

Con lo poco que conocemos del procedimiento, podemos afirmar que en este caso lo principal no es garantizar los posibles derechos que tuviesen los abuelos respecto de los menores, sino la protección de los intereses de éstos que, normalmente, irán ligados al mantenimiento de los lazos familiares los que, a todos los efectos, han actuado como si fuesen sus padres. Por lo tanto, de lo que se trataría, en defensa de los derechos de los menores y en protección de su interés superior, es elevar a categoría legal lo que en el día a día de los menores es normal, es decir, que son los abuelos los que ejercen la custodia y que es necesario darle un reconocimiento legal y una protección a los menores para que ese ejercicio real y cotidiano pase a ser formal y reconocido por una sentencia judicial. En otras palabras, darle normalidad legal a lo que ya es una normalidad en la realidad.

Hemos de añadir, sin entrar demasiado en el fondo de esta materia, que para que proceda la medida sería necesaria la privación de la patria potestad de la madre que tan solo requeriría la concurrencia de una causa objetiva de las recogidas en el artículo 170 del Código civil, como es el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad, por lo que se requiere simplemente la causación de un daño o perjuicio derivado de una conducta incumplidora. En este caso es evidente que el daño producido a los menores es incuestionable y que solo la actuación de los abuelos ocupándose de las necesidades del menor ha podido solventar un mayor problema para él.

En este sentido, la convivencia del menos con los abuelos hace aconsejable, desde el punto de vista humano, psicológico y legal, que sean éstos los que asuman legalmente lo que ya venían realizando.  Así hemos de partir de la reforma operada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, que atribuye a éstos, en la exposición  de motivos, “una función relevante en el caso de dejación por los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad.” Así, en el apartado 2 del número 1 del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la citada Ley, se señala que: “Excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.

Con la atribución de la guarda y custodia los abuelos, deberán velar por los menores, tenerlo en su compañía, asegurar por su parte la prestación del derecho de alimentos, educarlo y procurarle una formación integral. Como establece la Sentencia de AP Lugo de 1 de junio de 2007, tras la Ley 42/2003 “se vertebra un conjunto de normas de protección para los menores, imprescindibles cuando las estructuras familiares manifiestan disfunciones ya sean por situaciones de crisis matrimonial, ya sea por abandono de relaciones familiares no matrimoniales o por cumplimiento defectuoso de los deberes por parte de los progenitores”. Señala esta Sala que el artículo 103 del  Código Civil, coherentemente con la modificación del artículo 90 de aquél, prevé encomendar a los abuelos (y parientes y otras personas que así lo consintieren) la tutela de los hijos de forma excepcional y, aunque el precepto se incardina dentro de las medidas provisionales, se invoca también el artículo 158.4 del Código Civil ‘El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará: 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios’, y la medida solicitada se revela necesaria, siendo más operativo para el menor que decida quien tenga de facto su guarda.

Universitas Legis cuenta con un equipo profesional experimentado en esta materia que puede ayudar a resolver este tipo de conflictos.

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Publicado el Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria

La editorial jurídica Dykinson, con la colaboración del Colegio General del Notariado, ha publicado el Estudio sistemático de la Ley de Jurisdicción Voluntaria en el que participan socios de Universitas Legis. A lo largo de sus más de 1.700 páginas se realizan comentarios sobre todas y cada una de las disposiciones de esta Ley, coordinado por el profesor Monge Balmaseda.

La nueva ley de jurisdicción voluntaria (Ley 15/2015) de 2 de julio, pretende dar respuesta a un problema ya, crónico, en la administración de justicia española, la agilidad en los procedimientos y el interés del ciudadano, que como explica la exposición de motivos de la ley, a lo largo de su articulado se establecen instrumentos sencillos, efectivos y adecuados a la realidad social a la que se aplican, en el caso de que se requieran la intervención de los Tribunales de justicia a través de cualquiera de los actos de jurisdicción voluntaria.

El texto legal que es objeto de desarrollo y pormenorizado comentario, en esta obra colectiva, pretende, como se ha argumentado con buen criterio, deslindar aquellos ámbitos en los que aun no ejerciéndose jurisdicción; sin embargo existe la necesidad de una especial protección de determinados derechos, en cuyo caso el juez es quien debe tutelar el expediente. Separadas tales materias, la tutela de cualquier otro derecho que se resuelva a través de un expediente de jurisdicción voluntaria exige la participación de quien ejerce la autoridad pública, para lo que es precisa la existencia de un funcionario público. Estudio pormenorizado de la nueva Ley de Jurisdicción voluntaria en el que más de 90 autores analizan, artículo por artículo, las principales novedades que introduce la reforma.

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Socio de Universitas Legis participa en las jornadas organizadas por el Ministerio de Justicia sobre “La necesaria Modernización del Derecho de Obligaciones y Contratos en España”

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, inauguró el pasado 21 de julio el seminario ‘La necesaria modernización del Derecho de obligaciones y contratos en España’. El curso se desarrolló en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Cuenca, dirigido por el Catedrático de Derecho Civil Domingo Bello Janeiro y organizado por el Ministerio de Justicia.

Entre los destacados ponentes del curso se encontraban el Presidente de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, Francisco Marín, El Presidente de la Sala 3ª, Jorge Rodríguez, la Subsecretaria del Ministerio de Justicia, Aurea Roldán, el Director General de los Registros y del Notariado, Javier Gómez Gálligo, o el Catedrático de Derecho Civil Rodrigo Bercovitz.

Durante dos días se debatió sobre cuestiones pendientes de la reforma del Derecho de obligaciones y contratos del Código civil español. Esta reforma debe abordar dos problemas principales, cuales son la posible unificación del derecho de obligaciones y contratos, y su modernización en el marco del proceso de armonización comunitaria. Conocidos son los proyectos de Trento y Pavía sobre el núcleo común del Derecho privado en Europa que no han cristalizado aun como debería. El propio Ministerio de Justicia llegó a publicar la propuesta de reforma del Código civil elaborada por la Sección Civil de la Comisión General de Codificación que se refería al régimen general de las obligaciones contractuales, codificado en el Código civil. También ha sido conocida la propuesta llevada a cabo por la asociación de profesores de Derecho civil, cuya propuesta de redacción ya ha sido aprobada por la mencionada asociación.

Nuestro socio, Ramón Herrera, participó como experto en una de las mesas redondas para hablar sobre la posible implantación obligatoria de la mediación para determinados asuntos en materia civil y mercantil. Esta obligatoriedad, permitida por la Directiva europea, ya ha sido implantada en Italia con notable éxito, y también lo está siendo en Francia.

 

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