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LAS RESPONSABILIDADES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A continuación reproducimos la entrevista que realizó la revista Prevencionistas a nuestros socios Juana María Pardo y Miguel Ángel Barrientos

 

¿En materia de prevención de riesgos laborales, cuál es su experiencia?

Hemos tenido ocasión de asumir la defensa letrada de empresas a cuyos representantes legales o técnicos se les imputaba un delito contra la seguridad de los trabajadores, así como a empleados lesionados en accidentes laborales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el art. 316 y siguientes de nuestro Código penal se remite a la legislación específica para determinar cuáles son las medidas de seguridad e higiene adecuadas que deben cumplirse por los trabajadores a la hora de desempeñar su actividad. – Tras tener experiencia en materia jurídica en la defensa tanto de empresas como de trabajadores afectados por un accidente laboral,

¿Cuáles son los aspectos en los que creen que la normativa falla?

El marco normativo viene establecido principalmente por la Directiva marco 89/391 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado mediante Real Decreto 39/1997 y normativa específica según el sector de actividad. En la práctica, la normativa es muy extensa y se encuentra muy dispersa. La principal dificultad es que las medidas contempladas en los planes de prevención de riesgos laborales, se ejecuten de forma adecuada por los trabajadores. Ello se debe a que el empresario y sus responsables técnicos no sólo tienen la obligación de planificar el método de actuación, sino también la de vigilar que los trabajadores cumplan las medidas estipuladas, anteponiendo dicho cumplimiento a cualquier otra consideración.

La normativa en PRL, es muy extensa, y en muchos casos es difícil de gestionar y cumplir por la PYMES, ¿Es el Compliance una solución útil y práctica para estas empresas?

Sí, los planes de cumplimiento normativo, también llamados Compliance Programs, son una medida complementaria y adicional a los planes de prevención de riesgos laborales. Dichos planes de cumplimiento persiguen eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa (regulada en el art. 31 bis del Código Penal), y en consecuencia la responsabilidad en el ámbito civil. Además, y no menos importante, debe tenerse en cuenta que contar con los referidos planes de cumplimiento ayuda a preservar la reputación y buena imagen empresarial. En caso de incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por la empresa, ésta podría verse obligada a hacer frente a sanciones impuestas por la Administración, de acuerdo con lo establecido en el Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). No obstante, en virtud del principio non bis in ídem, si la empresa en condenada en el ámbito penal, no podrá ser sancionada también en el ámbito administrativo. Si como consecuencia de dicho incumplimiento, se producen accidentes o enfermedades profesionales, ello podrá conllevar la obligación de asumir recargos de entre un 30% hasta el 50% en las prestaciones económicas de la Seguridad Social que traigan causa en dichos accidentes o enfermedades (art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social).

¿Qué aporta un Compliance Plan en materia de PRL?

Los planes de cumplimiento recogen la identificación de los riesgos de incumplimiento normativo por parte de la empresa, incluyendo también el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Además, establece medidas que deben llevarse a cabo para evitar la comisión, entre otros, del delito contra la seguridad de los trabajadores, así como pautas relativas a la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas por parte de la empresa.

A este respecto, deberá designarse un responsable de cumplimiento normativo, también llamado Supervisor Jurídico o Compliance Officer que estará a cargo de las funciones de control y de vigilancia de dicho Plan. Aún en el caso en que la empresa hubiera designado a un Delegado de Prevención, éste podrá cohabitar con el responsable de cumplimiento normativo.

 ¿Qué servicios ofrece Universitas Legis en esta materia?

Universitas Legis ofrece asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo y elabora planes de prevención de delitos para su implementación en las empresas. Dichos planes deberán ser revisados de forma periódica y eventualmente modificados cuando se produzcan cambios en la organización o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios

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Las abuelas como tutoras de sus nietas; El caso de Noa

Hace unos días conocíamos la triste historia de Noa, una menor nacida en enero en Oliva y cuya madre sufre graves problemas de adicción al alcohol. Debido a ello, la Generalitat asumió la tutela de Noa el pasado mes de abril. Sus abuelas, Julia y Mª Vicenta, han denunciado que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se les había dicho que no podrían tener la tutela de su nieta. Las abuelas, que tienen 67 y 61 aseguran estar en plenas facultades físicas y mentales para cuidar de su nieta, pero si la administración no les permite ser las tutoras legales de la menor, reclaman que otras personas de la familia se hagan cargo de Noa, pero que en ningún caso sea dada en adopción. En mi opinión las abuelas, si los informes pertinentes así lo aconsejan, podrían ejercer la tutela de su nieta sin ningún problema. Es más, si las circunstancias son razonables, sería la mejor solución para la menor. Pasamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico.

 

En este caso lo principal no es garantizar los posibles derechos que tuviesen las abuelas respecto de la menor, sino la protección de los intereses de ésta que, normalmente, irá ligado al mantenimiento de los lazos familiares. Lo primero que hemos de tener en cuenta, antes de entrar a analizar la posible privación o, como es más común, la suspensión de la patria potestad de la madre, es el contenido de ésta, que, según establece el artículo 154 del Código civil “se ejercerá siempre en beneficio de los hijos” y comprende el deber de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.” Es evidente que, en el caso que mencionamos, no se cumplen estas obligaciones por lo que se podrá invocar el contenido del artículo 170 del Código civil que establece la posibilidad de privar a la madre de la patria potestad en caso de incumplimiento de los deberes inherentes a la misma en virtud de Sentencia fundada, no como una sanción, sino como un medio de protección del interés del menor

Aunque es cierto que el Código habla de privación, en la práctica judicial se trata más de una suspensión que de una retirada de la patria potestad porque suele sostenerse el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores como un beneficio del propio menor. Sería, en relación con el supuesto planteado anteriormente, el caso en el que los padres, después de años de adicción al alcohol, se rehabilitan y solicitan al juez que elimine la suspensión que se había establecido. Aunque personalmente no tengo claro que esa suspensión, cuando es muy prolongada, deba ser retirada pasados unos años, puesto que podría entenderse que lo que se intenta favorecer en ese caso no es el interés del menor, sino el de los padres de éste. Así sería en el caso en el que se argumentase que la posibilidad de recuperar a su hijo es un acicate para que los padres abandonen el mundo de las drogas. Sin duda un pensamiento y deseo loable, pero que pudiera estar más pensado, como digo, en el interés de estos que en el del menor que, posiblemente, lleve muchos años viviendo con algún familiar. Sea como fuere, suspensión o privación, los progenitores podrán solicitar la recuperación de la patria potestad cuando hayan desaparecido las causas que  provocaron su pérdida.

Llegados a este punto, una vez sentada la necesidad de la retirada de la patria potestad a la madre, tenemos que ocuparnos de quién ejercerá las labores de tutela y de guardia y custodia del menor. En este sentido, si existe relación con las abuelas hace aconsejable, desde el punto de vista humano, psicológico y legal, que sean éstas las que asuman legalmente su tutela.  Así hemos de partir de la reforma operada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, que atribuye a éstos, en la exposición  de motivos, “una función relevante en el caso de dejación por los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad.” Así, en el apartado 2 del número 1 del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la citada Ley, se señala que: “Excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.

En ésta misma línea afirma acertadamente ACEVEDO que, cuando éstas circunstancias se produzcan, “el juez podrá otorgar las funciones tutelares sobre los menores a los abuelos, a quienes sitúa en una posición de privilegio o preferencia sobre otros parientes; y solo en el caso de que tales personas no existan o no presten su consentimiento, tales funciones tutelares serían encomendadas a una institución adecuada al efecto.”[1]

 

El hecho verdaderamente relevante por el que entendemos que deben estimarse en estos casos las peticiones de las abuelas para que pasen a ostentar, bajo la supervisión del juez correspondiente, tanto las funciones tutelares como la guarda y custodia del menor es que se trata de la mejor manera de asegurar el bienestar del menor. Así, no cabe duda, que quien habrá consolidado los mayores lazos afectivos durante esos años son los abuelos. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2013, que otorga la custodia a un tercero que no tenía vínculo de parentesco alguno pero que había convivido con el menor como si fuese su padre. En concreto señala el Alto Tribunal que uno de los motivos por el que se otorgó la guarda y custodia a personas distintos a los progenitores es “las especiales relaciones que ha tenido con éste”.

 

Para que este hecho se produzca, no cabe duda de que el tribunal correspondiente deberá recabar los informes necesarios para garantizar que el interés del menor se protege de forma suficiente. Así los informes de los responsables escolares, psicólogos o de los servicios sociales tendrán un papel esencial. En este sentido, la Sentencia de 29 Mar. 2001[2], atribuyó la guarda y custodio de un menor a los abuelos en base a los citados informes.[3]

Con la atribución de la guarda y custodia las abuelas, deberán velar por la menor, tenerla en su compañía, asegurar por su parte la prestación del derecho de alimentos, educarlo y procurarle una formación integral. Como establece la Sentencia de AP Lugo de 1 de junio de 2007, tras la Ley 42/2003 “se vertebra un conjunto de normas de protección para los menores, imprescindibles cuando las estructuras familiares manifiestan disfunciones ya sean por situaciones de crisis matrimonial, ya sea por abandono de relaciones familiares no matrimoniales o por cumplimiento defectuoso de los deberes por parte de los progenitores”. Señala esta Sala que el artículo 103 del  Código Civil, coherentemente con la modificación del artículo 90 de aquél, prevé encomendar a los abuelos (y parientes y otras personas que así lo consintieren) la tutela de los hijos de forma excepcional y, aunque el precepto se incardina dentro de las medidas provisionales, se invoca también el artículo 158.4 del Código Civil ‘El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará: 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios’, y la medida solicitada se revela necesaria, siendo más operativo para el menor que decida quien tenga de facto su guarda.

 

 

Ramón Herrera de las Heras

Profesor Titular de Derecho Civil

Socio de Universitas Legis

 

[1] ACEVEDO BERMEJO, A.: Las relaciones abuelos-nietos. Régimen de visitas. Reclamación judicial, Editorial Tecnos, Madrid, 2006.

[2] Sobre esta sentencia hay un comentario muy completo: LETE ACHIRICA, J.: “La atribución a los abuelos de la guarda y custodia de los hijos de cónyuges separados o divorciados [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2001], en Actualidad Civil, nº3, 2001

[3] En los informes mencionados, se hacía referencia a circunstancias de la vida cotidiana del menor que eran atendidas ya por los abuelos, como por ejemplo que “la menor está mejor atendida en casa de sus abuelos, que son quienes realizan todos los deberes que debería hacer la madre, comida, higiene, educación y afecto. Que lleva una vida normal, está escolarizada y tiene sus necesidades básicas cubiertas por sus abuelos, con los que se ha relacionado más que con su madre.” O que “se estima que para el bienestar y estabilidad de la niña es conveniente que siga con los abuelos

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Fátima Pérez y Ramón Herrera dirigirán el curso de verano “Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen en las redes sociales”

La Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería, y socia de Universitas Legis, dirigirá el curso de verano “Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen las redes sociales”. El curso se celebrará entre los días 17 y 19 en el Hotel AC Marriot de Almería. La profesora Pérez Ferrer señala que “es un tema de máxima actualidad. Todos los días vemos en las noticias circunstancias que nos preocupan y que tienen que ser analizadas de forma sosegada en foros de este tipo para intentar dar respuesta a este desafío.”

La intención de estas jornadas es analizar, desde un punto de vista multidisciplinar, la protección de los derechos de la personalidad frente a los derechos a la libertad de expresión e información. Para ello el curso contará con jueces, fiscales, abogados y catedráticos de distintas ramas del derecho que abordarán los siguientes contenidos:

La perspectiva civil de los Derechos al honor, la intimidad y la propia imagen

Libertad de información y de expresión vs derecho al honor, la intimidad y la propia imagen

La vulneración de los derechos de la personalidad en las Redes Sociales y su reparación

¿Existe Derecho al olvido en la Redes Sociales?

Prueba Electrónica y Proceso 2.0

El quebranto de la prohibición de contacto con la víctima a través de las Redes Sociales

Ciberbulling y acoso en las Redes Sociales

Los delitos contra la Intimidad a través de las Redes Sociales

Los delitos contra el honor a través de las Redes Sociales: Injurias y calumnias

La reparación civil del daño

El curso estará codirigido por el Profesor Ramón Herrera, autor del libro “La responsabilidad civil derivada de la vulneración del derecho al honor en las redes sociales”. La matriculación del curso se puede realizar en el siguiente enlace http://www2.ual.es/cverano/oferta-de-cursos/curso/23/los-derechos-al-honor-a-la-intimidad-y-a-la-propia-imagen-en-las-redes-sociales

La asistencia al curso da derecho a la obtención de un diploma acreditativo que certifica número de horas y el reconocimiento de créditos, en su caso.

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El Tribunal Económico Administrativo anula una liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados por haberse resuelto la compraventa

Recientemente hemos sido parte de una resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), con sede en Granada, mediante la que se estima un recurso de anulación presentado por los abogados del despacho Universitas Legis. Dicha resolución estima el recurso interpuesto ante la inadmisión a trámite de una reclamación económico-administrativa presentada, ante dicho Tribunal, por un particular.

En concreto, el TEARA ha anulado una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), impuesto que tiene como objeto gravar las operaciones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. El mencionado tributo se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, mediante el que se aprueba la Ley reguladora del impuesto, que ha sido desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que aprueba su Reglamento. Dicha legislación estipula que será el adquirente el sujeto pasivo del impuesto y quien deba hacer frente a su pago.

En el presente supuesto, se trataba de una compraventa de un inmueble que sería posteriormente resuelta por la existencia de vicios ocultos. Una vez se produjo la transmisión de la finca, ambas partes acordaron rescindir dicha transmisión mediante otorgamiento de escritura pública, lo que pusieron en conocimiento de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la Oficina Liquidadora de este impuesto entendió que se había producido una nueva transmisión, obligándose el adquirente (antiguo vendedor) a hacer frente al ITPAJD. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el ITPAJD había sido girado al Vendedor con motivo de la resolución de la venta del inmueble y que base imponible del impuesto había sido calculada como resultado de aplicar el correspondiente coeficiente al valor catastral del inmueble.

Sin embargo, resulta de especial interés la causa que ha supuesto la estimación del recurso de anulación ya que aunque se alegaron varios motivos en relación con la no adecuación a Derecho de la liquidación impugnada, el Tribunal detuvo su análisis en el primero de ellos al entender que no debió de utilizarse el procedimiento de comprobación de valores para calcular el valor fiscal del inmueble. Entiende el Tribunal que debía hacerse incoado por parte de la administración tributaria un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o en su caso, de inspección, por lo que al haberse omitido éste, la liquidación del impuesto debe declararse nula.

En Universitas Legis contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en materia fiscal y ponemos a su servicio todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses.

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La Abogacía Española selecciona a Juana Pardo para participar en el seminario sobre el Procedimiento Contencioso Comunitario en Luxemburgo

Juana Pardo, abogada y socia de Universitas Legis, ha intervenido los días 26 y 27 de Abril en un Seminario sobre el proceso contencioso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El seminario “Litigating European Union Law” ha sido organizado por la Academia de Derecho Europeo (ERA) y ha contado con la colaboración de la Fundación de Abogados Europeos (ELF) y la Comisión Europea, además de la Abogacía de seis estados miembros de la UE.

Se ha desarrollado en la ciudad alemana de Trier y en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo en el que ha asistido a una vista celebrada, en el marco de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal irlandés, ante cinco Magistrados y el Abogado General. Asimismo, ha tenido ocasión de compartir opiniones con otros abogados expertos en la materia y con el Letrado del Tribunal General D. Juan Ignacio Signes de Mesa.

Según ha manifestado  la abogada “hemos tenido ocasión de conocer de primera mano las distintas vías de acceso tanto al Tribunal de Justicia, como al Tribunal General, siendo la más recurrente la cuestión prejudicial que plantean los juzgados nacionales, ya que supone un 65% de los asuntos que atiende el Tribunal de Justicia”.

Pardo, que cuenta con experiencia en el seno del Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, ostentó una beca por el Ministerio de Asuntos Exteriores para cursar estudios especializados en Derecho Comunitario en el prestigioso Colegio de Europa, con sede en Brujas (Bélgica).

Por otro lado, como ya informamos anteriormente, el TEDH admitió a trámite un recurso presentado por Universitas Legis contra el derribo de una vivienda en Almería, por entender que se ha producido una posible vulneración de derechos fundamentales.

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UN JUEZ SOSTIENE QUE LLAMAR “HIJO DE PUTA” A UN POLÍTICO NO ES UN INSULTO Y ESTÁ AMPARADO POR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El juzgado de instrucción número 3 de Marbella ha dictado una sentencia en la que sostiene que llamar “hijo de puta” a un político no es un insulto y está amparado por la libertad de expresión. Mantiene el titular del juzgado que tal afirmación es “normal” y que el hecho de llamar “hijo de puta” a un político “no cabe calificarlo de objetivamente injuriosos en relación con dicho contexto, y han de considerarse amparados por el ejercicio de la libertad de expresión”. En esta misma línea mantiene el juzgador que se tratan de “afirmaciones normales” y “que es necesario permitir la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar… siempre que las expresiones no sean gravemente ofensivas o vejatorias y el lenguaje se corresponda con el habitualmente utilizado en la práctica, como sin duda ocurre con las expresiones de que se trata (ladrón e hijo de puta)

La sentencia va en contra de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo que, por el contrario, afirmó en su sentencia del pasado 27 de enero que la libertad de expresión no ampara “la difusión de expresiones inequívocamente ofensivas en cualquier tipo de contexto, como «hija de puta» En la mencionada sentencia el Tribunal Supremo volvía a afirmar que la prevalencia de la libertad de expresión e información debe prevalecer solo en el caso en el quese prescinda en su comunicación del uso o empleo innecesario de expresiones inequívocamente ofensivas o vejatorias.”

El propio Tribunal Supremo, en otra sentencia de 26 de febrero de 2015, afirmó que  la expresión “hija de puta fue, lisa y llanamente, insultos graves, socialmente considerados como tales, que llevaban consigo un evidente ánimo de ofender, indebidamente no apreciado por el tribunal sentenciador.”

En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional al afirmar en numerosas sentencias que la Constituciónno reconoce un pretendido derecho al insulto.“ Así lo hace, entre otras muchas, en su sentencia 216/2013 o la 77/2009. En los casos ahora mencionados el Constitucional permite, en determinados contextos, llamar a alguien “casi fascista”, “ser intelectualmente inferior”, o “zoquete”, pero no las en este caso proferidas, incluyendo “hija de puta”.

En este sentido la propia Audiencia Provincial de Málaga, ya se pronunció sobre un caso similar en su sentencia de 9 de junio de 2015 , en la que condenó por vulneración del derecho al honor al que insultó al Vicepresidente de la Ciudad autónoma de Melilla llamándolo “hijo de puta. Así afirma la sentencia que “las frases y expresiones utilizadas por el demandado, a la vista de cualquier persona normal de cultura elemental, tienen un indudable contenido ofensivo o ultrajante. Ningún otro significado puede darse al hecho de que se le llame maricón, mariquita Pérez, hijo de puta

El profesor titular de Derecho civil y autor del manual “La responsabilidad civil por vulneración del derecho al honor en las redes sociales”, Ramón Herrera, afirma que “el lenguaje ofensivo que se utiliza en este caso es absolutamente innecesario, sin que pueda ser considerado como una crítica. Se trata, como es evidente, de una expresión indudablemente injuriosa, denigrante y, desde luego, desproporcionada que no tiene cabida en el derecho a la libertad de expresión, por muy amplio que este deba de ser.”

En este sentido llama la atención el profesor Herrera sobre un tema trascendente al señalar que “una sociedad que permite el insulto gratuito, que no limita las expresiones vejatorias que se pueden realizar, es una sociedad que permite que nos encontremos ante la más absoluta impunidad.” Para concluir que “no porque un colectivo, los políticos, se encuentren cuestionados por la sociedad se puede permitir que se insulte de manera gratuita a uno de ellos que nada tiene que ver con la situación o alarma creada. Bajo este argumento, si en la sociedad hubiese un hartazgo contra otros estamentos, pongamos la iglesia, la sanidad o la judicatura, nada impediría que, debido a situación mencionada, se pudiese llamar a cualquier miembro de ese colectivo “hijo de puta” sin ser reprendido, al menos civilmente, por ello.”

 

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