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¿Cuándo nos encontramos ante un despido procedente?

El empresario podrá despedir procedentemente a un trabajador alegando las siguientes causas objetivas:

1.-Ineptitud del trabajador. Es decir, esgrimiendo la falta de formación del mismo para desempeñar su puesto de trabajo y/o fuera incapaz de desempeñarlo adecuadamente.

2.- Por causas técnicas. Ante la falta de adaptación del trabajador a los cambios en los medios técnicos o de producción. Como pudieran ser los cambios en la maquinaria de la empresa, en la forma de producción, etc.  Siempre y cuando éstos cambios sean razonables, tal y como se exige por las últimas  reformas. El empresario deberá de ofrecer al trabajador la formación adecuada a facilitar la adaptación a las modificaciones operadas. Quedando el contrato de trabajo durante la formación en suspenso. Además, el empresario tendrá que abonar al trabajador el salario.

3.- Por causas organizativas. Esto es, por razones de productividad o competitividad en el mercado. Como por ejemplo, modificación en los bienes y servicios producidos por la empresa, modificación en los medios productivos que influyan directamente en la forma de trabajo por sus empleados, etc.

4.- Absentismo laboral. El empresario podrá despedir a un trabajador cuando éste falte al trabajo, aun siendo las faltas justificadas. Siendo éstas intermitentes y alcancen el 20 % de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25 % en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No se computarán como faltas de asistencia, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

La indemnización establecida para el despido procedente es de 20 días por año trabajado y con un máximo de 12 mensualidades.

Si crees que tu empresa te ha despedido de manera distinta a esta y te ofrece esta indemnización, contacta con nosotros y los abogados de Universitas Legis te asesorarán en nuestros despachos de El Ejido y Almería

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Sobre las acciones preferentes y el plazo de prescripción de las acciones

A pesar de la existencia de varias Sentencias recientes del Tribunal Supremo en las que establece que a pesar de haber transcurrido más de cuatro años los inversores de las preferentes podrán recuperar las inversiones realizadas, esto no significa, como algunos medios de comunicación han transmitido de forma errónea, que el Alto Tribunal haya determinado que el plazo para el ejercicio de la defensa de sus intereses haya pasado de cuatro a quince años, sino que  lo que se ha producido en estos casos es un incumplimiento de contrato por parte de los demandados, por lo que el plazo de prescripción, conforme a lo señalado anteriormente, se eleva a los quince años. Así pues, dependiendo de en qué se base la demanda, nulidad del contrato o incumplimiento del mismo, los plazos para tener éxito varían notablemente.

Lo realmente relevante es que, en este caso, el Tribunal Supremo ha determinado que se trata de un incumplimiento contractual grave el hecho de no atender al mandato de los consumidores y adquirir un producto distinto de aquel que el cliente había solicitado por entender que esa conducta frustra las legítimas expectativas de la parte que cumplió.

Por lo que respecta al plazo de prescripción de la acción de incumplimiento de contrato no genera duda alguna de que éste ha de ser el establecido en el artículo 1964, que señala que el periodo de prescripción en este sentido es de 15 años. Sin duda esta Sentencia abrirá el camino para aquellos inversores de participaciones preferentes que, creyendo inviable el triunfo de su demanda por el plazo transcurrido, puedan probar la existencia de un incumplimiento de contrato por parte de la entidad bancaria. Cierto es que no es el caso más habitual, puesto que se tratará de personas que convinieron con la entidad un producto distinto a las preferentes, o reclamaron de forma expresa una inversión que fuese recuperable en un determinado periodo de tiempo.

Universitas Legis cuenta con un equipo de abogados especializados en la defensa de los consumidores y en el ejercicio de acciones en defensa de estos. Tanto las acciones de incumplimiento de contrato como aquellas de nulidad pueden ser ejercitadas por nuestros abogados en El Ejido y Almería

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Habrá cambios significativos en cuanto a la custodia, mediación, liquidación del régimen de gananciales y atribución de la vivienda

Por lo que se ha filtrado a algunos medios de comunicación, la nueva Ley sobre el Ejercicio de la Corresponsabilidad Parental que el Gobierno presentará en los próximos 15 días traerá consigo importantes novedades respecto a la legislación actual y sobre el borrador anterior.

Según publica el diario El País, la futura norma establece un nuevo régimen de corresponsabilidad parental en el que prima “el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos. Aunque tendremos que esperar a conocer el contenido de la misma, por lo que se ha avanzado se otorgará la custodia compartida “si media acuerdo entre los progenitores con una mínima intervención judicial”. También “aun cuando no medie acuerdo, si se solicita por uno de ellos, o, si el otro progenitor también insta la guarda y custodia para sí”. Por último, se otorgará la custodia compartida de forma excepcional “aunque ninguno de los progenitores solicite su ejercicio compartido, el juez motivadamente y previo informe del Ministerio Fiscal, podrá acordarlo si sólo de esta forma se protege el interés superior de los hijos”. Aunque realmente esto no se trata de una auténtica novedad, puesto que, como nuestro socio Ramón Herrera sostenía ya en un artículo publicado en 2010, “la legislación actual ya recoge la posibilidad de que, a pesar de que uno de los progenitores se niegue al régimen de guarda y custodia compartida, el Juez sí que podrá concederla. Cosa distinta es que esta situación sea excepcional y pueda ser necesario que se amplíe esa posibilidad.”

Aunque se trate de un paso importante, la legislación común no irá tan lejos como las leyes aragonesa y catalana que, al amparo de su derecho foral, han establecido la custodia compartida como preferente, incluso en caso de desacuerdo entre los progenitores. Hasta 2013, las posibilidades de que se otorgue la guarda y custodia compartida eran dos: La recogida en el artículo 92.5 del C.c. para los casos en los que los progenitores así lo propongan en el convenio regulador o lo acuerden durante el procedimiento, y la señalada en el artículo 92.8 en el que, con carácter excepcional, permite otorgarla al Juez, a instancia de una de las partes y con el informe favorable del Ministerio Fiscal. Posteriormente, se eliminó la necesidad de dicho informe favorable. De lo que no cabe duda alguna es de que la protección del interés del menor se convierte en la piedra angular que se ha mantenido con la anterior reforma de 2005. Así el juez puede otorgar la custodia compartida, aun cuando ambas partes no estén de acuerdo, siempre que una de ellas lo solicite, con el informe favorable del Ministerio Fiscal y “fundamentándola en que sólo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor.”

Otro aspecto destacado es el hecho de la introducción de la mediación, pues con la reforma que se avecina cobrará un importante impulso. Tantos es así que, según lo recogido en diversos medios de comunicación, será obligatorio asistir a las sesiones informativas que organice el juzgado. Estas sesiones se inscriben en otro de los objetivos de la reforma que es “reducir el enfrentamiento de las partes, fomentando la colaboración entre ellas e impulsando la mediación y el diálogo previo”, se dice en el preámbulo. Esto si es una importante novedad, puesto que la primera vez que se mencionó la mediación en ese ámbito fue en la Ley aragonesa. Así su artículo 4 es dedicado íntegramente a ella, y aunque han sido muchos los autores que han venido resaltando la importancia que la mediación familiar podría tener en estas situaciones de ruptura de la pareja, la aragonesa fue la primera Ley que la incluye de forma expresa.

 

Por otro lado los cambios también afectarán muy profundamente a la liquidación del régimen económico matrimonial y la atribución de la vivienda. Las modificaciones, según se ha publicado, van en este sentido: “Atribución del uso de la vivienda familiar, de los enseres y del ajuar existente en atención a lo que sea más conveniente para el interés superior de los hijos; a criterios de necesidad y a la titularidad de la vivienda”. Ya en el artículo “sobre la necesaria modificación de la custodia compartida” publicado por nuestro socio Ramón Herrera, señalaba que “sería necesaria la inclusión en dicho artículo 96 de un nuevo precepto que establezca las pautas a seguir en la atribución de la vivienda para los casos de guardia y custodia compartida. En este sentido la Ley aragonesa sí que ha previsto esta posibilidad, incluyendo en el primer párrafo del artículo 7 que en los casos de custodia compartida, el uso de la vivienda familiar se atribuirá al progenitor que, por razones objetivas tenga más dificultad de acceso  a una vivienda y, en su defecto, se decidirá por el Juez el destino de la vivienda en función del mejor interés para las relaciones familiares. También se establece en el mismo artículo, párrafo tercero –y en la Ley catalana de una forma similar- que el derecho a disfrutar de la casa por parte del cónyuge custodio será temporal por el tiempo que determine el Juez”. Pero el nuevo borrador va más allá aun, puesto que menciona, por primera vez, que uno de los criterios que se tendrán en cuenta para su atribución será la titularidad de la misma.

 

Por último, otra modificación afectará muy profundamente a la liquidación del régimen económico matrimonial que impedirá que “se vinculen bienes del otro cónyuge desde la admisión de la demanda”. Ahora habrá que esperar a la sentencia. Una vez admitida la demanda, se suspenderán los efectos de la sociedad de gananciales o del régimen de participación, según proceda, “siendo de aplicación en lo sucesivo el régimen de separación de bienes”.

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