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La S.T.S. de 12 de enero establece que el plazo inicial del ejercicio de la acción de anulación por error se inicia cuando haya podido tener conocimiento de este

La reciente sentencia de 12 de enero de 2015 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo clarifica de forma sustancial el plazo para el ejercicio de la acción de nulidad en los contratos bancarios o financieros complejos. Como sabemos dicha acción de nulidad está sujeta a un plazo de 4 años, según lo establecido en el art. 1301 de Código Civil (CC), que debía computarse en el caso de error, dolo o falsedad de la causa desde la consumación del contrato. Lo realmente interesante de esta sentencia radica precisamente en este punto, ¿Qué debe entenderse por consumación del contrato en estos casos? Pues bien, señala el Tribunal Supremo que la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación por error o dolo ha de fijarse cuando el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error: Por lo tanto no lo será desde la perfección o el pago, ni si quiera desde el inicio del cumplimiento de las obligaciones recíprocas; será desde que el contratante tenga la información suficiente como para conocer que, efectivamente, ha cometido un error. En especial el Supremo está pensando en los contratos de preferentes que tantos problemas han generado estos últimos años.

Sobre este particular resulta muy ilustrativo el comentario que sobre la mencionada sentencia realiza Sánchez Martín, C., que puede consultarse aquí

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El gobierno anuncia un procedimiento extrajudicial para reestructurar la deuda de los particulares. Se facilitará la dación en pago y modificará el artículo 1.911 C.c.

Rajoy ha anunciado en el debate sobre el Estado de la Nación “con carácter inmediato” un Real Decreto-Ley llamado de “segunda oportunidad”. Según se recoge en el diario El Mundo “Las familias van a poder a partir de ahora lograr una reestructuración de sus deudas mediante un acuerdo extrajudicial de pagos: un procedimiento coordinado, transparente y reglado, que les permitirá negociar de forma unificada y supervisada con sus acreedores”, ha asegurado.
“Este procedimiento se hará especialmente sencillo para los particulares, de forma que en plazos muy breves y con los menores costes administrativos puedan acordar quitas, aplazamientos y otras formas de reducción de la deuda”, ha afirmado. Cuando la banca no acepte esta refinanciación, “se habilitará en la Ley Concursal que las personas naturales puedan liberar las deudas que queden impagadas tras ejecutar las garantías y sus bienes”. Fuentes gubernamentales aseguran que el efecto podrá ser de facilitar la llamada “dación en pago” no solo de viviendas, aunque siempre al final de un proceso bajo control judicial.
“Hasta ahora, incluso quien se veía obligado a vender sus bienes para pagar sus deudas, seguía siendo responsable de pagar la parte remanente. Esto condenaba a los hogares y empresarios a vivir con la losa de la deuda pasada incluso habiendo renunciado a sus bienes. Con esta reforma, en el marco de un procedimiento controlado judicialmente y con todas las garantías, será posible liberarse de esa losa”, ha asegurado Rajoy. Esto implicará, con casi total seguridad, la modificación del artículo 1911 del Código civil que señala que “Del cumplimiento de las obligaciones responde el deudor con todos sus bienes, presentes y futuros.” Esto supondrá, sin lugar a dudas, uno de los cambios más importantes que se han producido en el derecho de obligaciones en las últimas décadas.

Desde Universitas Legis estaremos atentos a cualquier novedad para poder informar a nuestros clientes.

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El Gobierno aprueba los proyectos de ley de protección de la infancia y la adolescencia

Como ya adelantamos en Universitas Legis, el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales de los Proyectos de Ley y de Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se trata de una reforma legislativa que da respuesta al compromiso de agilizar los procesos de acogimiento y adopción, además de mejorar la atención a la infancia en riesgo y a los menores víctimas de violencia. Su objetivo principal es garantizar la especial protección de los menores en todo el Estado y responder a sus necesidades actuales.

Las principales novedades que contempla la reforma son:

DERECHOS, DEBERES Y ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES

En primer lugar, la norma establece un nuevo marco de derechos y deberes de los menores, y una especial atención de los más vulnerables, como menores extranjeros no acompañados, jóvenes ex tutelados, menores con discapacidad, etcétera.

De este modo, las leyes promueven la participación de los menores a través del derecho a que sean oídos y escuchados, lo que incluye a los menores de doce años siempre que tengan madurez suficiente. En consecuencia, en la resolución de procedimientos judiciales se deberá exponer siempre si se ha oído al menor y lo que éste ha manifestado.

La reforma, por otro lado, incluye un catálogo de deberes en las esferas familiar, escolar y social: respeto a los padres, hermanos, profesores; respeto a la dignidad, integridad e intimidad de las personas con que se relacionen, etcétera. El conocimiento de sus derechos y deberes se implantará a través del sistema educativo, y se recoge de forma expresa la necesidad de evitar situaciones de acoso escolar.

Dentro de este primer objetivo se refuerza la protección a grupos vulnerables, como los menores extranjeros que se encuentren en España, a los que se reconoce expresamente su derecho a la sanidad, la educación y los servicios sociales, velando especialmente por los no acompañados o víctimas de trata, entre otros.

A los menores con discapacidad se les asegura su plena accesibilidad y la garantía de los servicios sociales especializados. Y, por primera vez, la norma prevé recursos y programas de apoyo para facilitar la transición a la vida independiente de jóvenes ex tutelados.

UN NUEVO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

En segundo lugar, la reforma configura un nuevo sistema de protección de la infancia. Se definen, por primera vez en una norma estatal, las situaciones de riesgo y desamparo, y ésta última queda determinada por el abandono, riesgo para la vida, salud o integridad física; o la inducción a la mendicidad, la delincuencia o la prostitución. La declaración de desamparo dará lugar a la tutela del menor por parte de la entidad pública competente. Como aspecto fundamental, se introduce que, superados dos años desde dicha declaración, sólo el Ministerio Fiscal podrá impugnarla, no los padres biológicos.

Pasados esos dos años, las entidades públicas podrán adoptar cualquier medida de protección que consideren necesaria, incluida la adopción si se prevé una situación irreversible para el menor.

En cuanto a la guardia voluntaria (la que solicitan los padres a la Administración), se limita a dos años, con el fin de evitar que estas situaciones se hagan crónicas, algo que venía sucediendo. Vencido dicho plazo, el menor deberá volver con su familia o dictarse sobre él una medida de protección estable.

Acogimiento

Al mismo tiempo, se agilizan los procedimientos de acogimiento y adopción. En España hay casi 35.000 menores bajo tutela o guarda de las administraciones, de los que 13.400 están en residencias, a la espera de una familia.

Con la reforma se van a primar soluciones las familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. El objetivo es que, al menos, todos los menores de tres años puedan vivir con una familia, sin pasar por un centro de acogida. En el caso de que haya varios hermanos, se procurará que permanezcan juntos.

Se simplifica la constitución del acogimiento, de forma que no será preceptiva la intervención de un juez, y se creará el Estatuto del Acogedor Familiar, en el que se recogerá el derecho de estos a ser oídos por la entidad pública antes de emitir cualquier resolución que afecte al menor. Las familias acogedoras recibirán valoraciones para su idoneidad, al igual que sucede con las adoptantes.

Por otra parte, se regulan por primera vez los centros de protección para menores con problemas de conducta.

Adopción

La adopción, como el acogimiento, se agiliza y se completa con más garantías, y, así, para menores en desamparo no será necesario el asentimiento de los padres biológicos si transcurren dos años sin que hayan intentado revocar dicha situación.

Destaca, además, la unificación de los criterios de idoneidad para las familias adoptantes, entre los que cabe subrayar la imposibilidad para adoptar de quien esté privado de la patria potestad de un hijo.

La reforma aporta aquí otra novedad: antes de que la entidad pública proponga al juez la constitución de la adopción podrá iniciarse un período de convivencia entre el menor y la familia considerada idónea, de tal manera que los niños permanecerán siempre en una familia y se les evitará pasar por un centro de acogida. La finalidad que se persigue es precisamente reducir el número de niños que esperan en centros.

Otras novedades son la adopción abierta, o la posibilidad de que el menor en adopción mantenga algún tipo de contacto con miembros de su familia biológica, que determinará el juez con el visto bueno del propio adoptado, de la familia de procedencia y de la adoptiva.

También se refuerza el derecho de acceso a los orígenes de los adoptados. Para ello, las entidades públicas asegurarán la conservación de la información durante, al menos, cincuenta años.

A estas medidas que facilitarán la adopción se unen otras pensadas para las madres que deciden dar a su hijo tras el parto.

Además, previa modificación del Estatuto de los Trabajadores y del Estatuto del Empleado Público, los padres y madres que se ofrezcan para la adopción y acogedores tendrán derecho a ausentarse de sus puestos de trabajo para acudir a las sesiones informativas obligatorias.

Los procesos de adopción internacional se dotarán de mayor seguridad jurídica por cuanto se clarificará el ámbito competencial para dichos trámites. Así, la decisión de autorizar adopciones corresponderá a la Administración general del Estado, al igual que asumirá la función de acreditar a las entidades colaboradoras de adopción internacional, las ECAI, previo informe de las comunidades autónomas.

LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA EN LA INFANCIA

En tercer lugar, la reforma tiene como objetivo transversal prevenir y reforzar la lucha contra la violencia en la infancia.

Por primera vez, se reconoce a los menores como víctimas de la violencia de género. Para ello, se modifica el artículo 1 de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En este sentido, se establece la obligación de los jueces de pronunciarse sobre medidas cautelares que afecten a hijos de mujeres maltratadas, y se prevé que estos niños puedan permanecer con sus madres.

También se va a reforzar la protección frente a delitos como los abusos sexuales, de los que fueron víctimas un total de 3.364 menores en 2013. Para ello, entre otras medidas, será requisito para ejercer profesiones que impliquen contacto habitual con niños no haber sido condenado por delitos contra la libertad sexual, trata y explotación.

Además, se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal estos hechos por parte de cualquier ciudadano que tenga conocimiento de los mismos.

Por otra parte, también se enmarca en esta reforma legal la modificación de la Ley de Protección de Familias Numerosas, para asegurar que conserven el título mientras que al menos uno de los hijos cumpla los requisitos y la edad establecida (veintiún años o veitiseis años si está estudiando).

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