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El derecho al honor de los políticos. ¿Todo vale?

El art. 18.1 de la Constitución reconoce el derecho al honor así como el art. 20.1 de la Carta Magna reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la libertad de expresión, así como la libertad de información. Añade después el art. 20.4 CE que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Llegados a este punto surgen muchas dudas sobre la protección del honor de las personas públicas y especialmente de aquellos que se dedican a la política.

El artículo 7.7 de la Ley 1/1982 señala que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley: “La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.” Es cierto que la jurisprudencia, de forma clara y reiterada, ha establecido que ese derecho al honor en estos casos es, sin duda, más restringido, pero eso no significa que llegue a tal punto que desaparezca.

Es reiterada y uniforme doctrina jurisprudencial la de que, en la frecuente colisión entre el derecho al honor y el de libertad de información y expresión, todos ellos de proclamación constitucional (que impide fijar apriorísticamente los límites o fronteras entre uno y otro, lo que ha de verificarse en cada caso concreto sometido a enjuiciamiento, según las circunstancias concurrentes en el mismo) para que pueda declararse la prevalencia de la libertad de expresión o de información sobre el derecho de protección al honor han de concurrir dos ineludibles requisitos: que la información transmitida verse sobre hechos de interés general, con trascendencia política, social o económica, y que la expresada información sea veraz, cuando aparezca observado o cumplido el deber de comprobar o contrastar su veracidad. Pero dicho esto, hemos de afirmar que el derecho a la crítica y el propio derecho a la libertad de información y expresión, no legitiman los insultos,  en ningún caso, ni la publicación de noticias falsas excepto en muy contados casos en los que se haya prestado un nivel de diligencia importante. En este sentido se ha manifestado el Tribunal Constitucional al señalar que “por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5)

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¿Debe el mediador en consumo ser un mero espectador neutral?

Respecto a la imparcialidad no cabe duda alguna puesto que el mismo Real Decreto establece en su artículo 38.3 que “en todo caso, quien actúe como mediador en el procedimiento arbitral está sujeto en su actuación a los mismos requisitos de independencia, imparcialidad y confidencialidad exigidos a los árbitros.” Pero a pesar de que, efectivamente, se exija la imparcialidad del mediador, en ningún caso se habla de neutralidad, que son conceptos distintos. La neutralidad hace referencia a la relación del mediador con el resultado de la resolución de la controversia. Implica la imposibilidad de imponer un acuerdo determinado. La imparcialidad, en cambio, supone que en el cumplimiento de su encargo no puede confundirse con las partes. Como señala SANTOR SALCEDO el mediador o mediadores han de ser ajenos al conflicto concreto en que actúan sin que puedan concurrir intereses personales o profesionales directos susceptibles de alterar o condicionar su actividad mediadora. La legislación vigente en materia de consumo no supone obstáculo alguno puesto que impone la imparcialidad, y no la neutralidad. Otros autores discrepan de la opinión que acabamos de manifestar, como MARÍN LÓPEZ, para el que “el mediador es un tercero, neutral e imparcial, que ayuda y guía a las partes involucradas en una situación conflictiva para que alcancen un acuerdo que sea mutuamente aceptable.”

 

Por otro lado, y como soporte a la tesis que venimos defendiendo, señala BLANCO CARRASCO, mediador de consumo, que se ha reconocido al mediador en este ámbito ciertas facultades que no ostenta en otros ámbitos de la mediación. Incluso podría llegarse al caso en el que el mediador realice una propuesta de solución al conflicto, que las partes, obviamente, podrán libremente aceptar, rechazar o modificar. Por eso mientras en la conciliación el conciliador actuará como mero testigo de la negociación de las partes, reduciendo su labor a velar por que los canales de comunicación permanezcan abiertos y las partes se respeten mutuamente, el mediador puede tener una participación más activa en la negociación, pudiendo organizar actividades para animar a las partes a obtener un consenso, incluso, proponer una propuesta de solución.

 

No se trataría tanto de orientar el resultado, sino de que los mediadores protejan  los intereses de aquellos que se encuentran en una grave situación de desigualdad frente a la otra parte y les informen convenientemente. La fórmula que permitiría esta protección no es otra que la labor fundamental de información. A través de ésta tiene las herramientas necesarias para intentar evitar que ese desequilibrio genere un perjuicio grave e irreversible.

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