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¿Puede un copropietario arrendar un inmueble sin la autorización del resto?

En principio, al encontrarnos ante una copropiedad, los actos de administración, como señala el artículo 398 del Código civil, han de ser adoptados por la mayoría de los copropietarios. Pero un arrendamiento de bienes inmuebles que pertenecen a varios en proindiviso tan solo se considera acto de administración si no supera los 6 años de duración; y se considera acto de disposición o gravamen si supera dicha duración, para lo que requiere la unanimidad de los copropietarios. Este criterio se mantiene en numerosas sentencias en las que se sancionan tales actos con la nulidad absoluta o radical, como las del TS de 12 de noviembre de 1987 y de 28 de marzo de 1990, AP Valencia de 7 de julio de 1999, AP León de 21 de diciembre de 2001, AP Valencia de 2 de noviembre de 2002, AP Murcia de 4 de diciembre de 2003, AP Alicante de 18 de febrero de 2004 y AP Zaragoza de 20 de junio de 2008.

Igualmente nos encontraríamos ante la falta de un elemento esencial del contrato de arrendamiento, cual es la el consentimiento de los arrendadores. En este sentido existe una evidente falta de capacidad de contratar, pues no hay consentimiento de los arrendadores -todos-, requisito que unido al objeto y a la causa son necesarios para la existencia de todo contrato. Es por ello que al no existir consentimiento el contrato es radicalmente nulo

En este sentido la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 28 de marzo de 1990 proporciona una importante pauta interpretativa, al señalar que si bien como se dice, el arrendamiento es un acto de administración, ello quiebra cuando o bien por la naturaleza de la cosa o bien, como en el presente caso, por el largo tiempo que para su duración se estipule (45 años en este caso) en el contrato, puede constituir un derecho real a favor del arrendatario inscribible en el Registro de la Propiedad (art. 2, núm. 5 de la Ley Hipotecaria) por lo que al rebasar los límites de la que es pura administración, obligado es reconocer no se hallaba facultada la demandada como condueña, aun representando la mayor suma de intereses, para dar en arriendo el piso en común al exceder el plazo de arrendamiento de los seis años, sin la anuencia de todos los partícipes, cuyos derechos dominicales expresamente reconocidos por la Ley quedarían restringidos o anulados por un contrato de tan larga duración, y como ante tal falta de capacidad de contratar, hay que entender falta el consentimiento de los arrendadores contratantes, requisito que unido al objeto cierto y a la causa de la obligación son los necesarios para la existencia de todo contrato, al no existir aquél, como se dice requisito esencial de contrato, es radicalmente nulo, sin que la buena fe de uno de los contratantes, el arrendatario pueda subsanar la falta de dicho requisito.

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El derecho al honor de los políticos frente a la libertad de información

Después de la información difundida por Eldiario.es sobre un supuesto viaje del Ministro Soria a Punta Cana a gastos pagados por un empresario canario, éste ha reaccionado interponiendo una demanda contra el periodista que firma la noticia, el propio diario y el editor, Ignacio Escolar. Como quiera que en estos años estos conflictos son cada vez más habituales, desde Universitas Legis queremos realizar un análisis muy breve sobre el derecho al honor de los políticos y su conflicto con el derecho de libertad de expresión e información. En este sentido contamos con años de experiencia en la investigación universitaria y en la defensa letrada de los citados derechos.

El art. 18.1 CE reconoce el derecho al honor. El art. 20.1 CE reconoce y protege el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la libertad de expresión, así como la libertad de información. Añade después el art. 20.4 CE que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Así, el artículo 7.7 de la Ley 1/1982, que por cierto debería de ser revisada y puesta al día, señala que tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el artículo segundo de esta Ley: “La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.”

Es cierto que los políticos han de asumir que dedicarse temporalmente a la vida política implica el hecho de recibir críticas, en ocasiones desmesuradas, sobre su labor política. Pero dicho derecho a la crítica y el propio derecho a la libertad de información y expresión, no legitiman en ningún caso la publicación de noticias falsas y absolutamente inveraces

Si se confirma que dicha información es absolutamente falsa, atentaría contra el derecho al honor del Sr. Soria.  Así, su código deontológico de periodistas de España, en el apartado 13.a, señala que “deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber que contrastar las fuentes y el de dar la oportunidad a la persona afectada de ofrecer su propia versión de los hechos.” En este caso parece que no se ha llamado a cualquiera de las tres personas citadas para contrastar la supuesta información.

 

A este respecto señala el Tribunal Constitucional que “por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5)” Y en este caso, al tratarse de libertad de información, según la STC 216/2013, de 19 de diciembre, “la veracidad, entendida como diligencia en la averiguación de los hechos, condiciona la legitimidad del derecho a la información”.

 

Establece el Constitucional que “el deber de diligencia en la comprobación razonable de la veracidad de la información no se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas, que, en ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho deber (STC 172/1990), pues la remisión a este tipo de fuentes, al no identificarse su origen, debe entenderse, en principio, insuficiente a efectos de dar por cumplida la diligencia propia del informador lo cual, desde luego, no supone, en modo alguno, que el informador venga obligado a revelar sus fuentes de conocimiento, sino tan solo a acreditar que ha hecho algo más que menospreciar la veracidad o falsedad de su información (SSTC 123/1993, de 19 abril, FJ 5; 6/1996, de 16 enero).”

 

Otro elemento que ha de tenerse en cuenta a la hora de fijar la indemnización es el hecho de la aparición de las redes sociales, puesto que permite que la noticia sea conocida no solo por los abonados del diario, sino que puede ser compartida de forma viral con el daño que ello conlleva.

 

En Universitas Legis contamos con un grupo de profesionales expertos en estos temas que podrán asesorarte con garantía

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