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Universitas Legis asesorará a los consumidores afectados por el fraude de Volkswagen

Durante esta semana hemos conocido que la compañía automovilísitca Volkswagen ha incorporado, en algunos de sus modelos, un software manipulado para que superasen las pruebas de emisiones. Además de la marca alemana se podrían encontrar con los mismos problemas los dueños de vehículos Audi, Skoda o Seat equipados con este sistema.

Es muy posible que sea la propia compañia la que llame a los propietarios para eliminar el problema, pero hemos de dejar muy claro que los propietarios de los vehículos no tienen que asumir ningún coste ni perder calidad en las prestaciones de los automóviles. Si esto fuese así y los coches perdiesen potencia o aumentasen el consumo de gasóil, los afectados podrán exigir una indemnización al no cumplirse las características ofertadas cuando fueron adquiridos. Esta indemnización puede incluir el abono de una cantidad económica por los perjuicios causados, la devolución de parte del importe del automóvil o, llegado el caso, la sustitución por uno nuevo.

Universitas Legis, especializada en la protección de los derechos de los consumidores, ha abierto una línea especial para asesorar a los afectados por este problema y estudiar las posibles acciones legales en la jurisdicción civil para reclamar los derechos que les pertenezcan. Si te encuentras entre los posibles afectados contacta con nosotros en el email clientes@universitaslegis.com o en el teléfono 950 041 272 y 675 921 391

 

 

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Los derechos de los consumidores en las reparaciones a domicilio

El sector de prestación de servicios a domicilio tiene una importante incidencia económica sobre el ciudadano, pues es una parte importante del consumo habitual en nuestro país. Por prestación de servicios a domicilio hemos de entender todos aquellos destinados al mantenimiento y reforma de la vivienda, en general, y de sus instalaciones y edificaciones anexas, ya sean éstas últimas de propiedad común o individual.

La prestación de servicios a domicilio se configura como un contrato de arrendamiento de obra y servicios, definido en el artículo 1544 del Código Civil: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto.”  A pesar de que se incluyen en un mismo artículo, el arrendamiento de obra no es idéntico al de arrendamiento de servicios[1]. La principal diferencia, es que aunque en el arrendamiento de servicios también se persigue un resultado, éste no es factor determinante del contrato.

En síntesis como objeto de la prestación debida en los contratos de servicios y de obra, el servicio y obra implican para el deudor obligaciones de hacer. Aunque doctrinalmente el servicio se contrapone a la obra porque, si bien ambos suponen actividad, aquél se considera sólo como la actividad, en sí misma; en cambio, la obra es el resultado que se produce sobre una cosa o que se espera de una actividad determinada[1]

Así pues hemos de configurar el contrato de arrendamiento de obra y servicios, como un contrato cuya obligación principal es de resultado, lo que nos llevaría a analizar el artículo 1588 del Código civil. Este artículo señala que “puede contratarse la ejecución de una obra conviniendo en que el que la ejecute ponga solamente su trabajo o su industria, o que también suministre el material.”

Señala el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en su artículo 60 que “antes de contratar, el empresario deberá poner a disposición del consumidor y usuario de forma clara, comprensible y adaptada a las circunstancias la información relevante, veraz y suficiente sobre las características esenciales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas, y de los bienes o servicios objeto del mismo.”

La información que se de al consumidor tiene que ser cierta y objetiva, con el objetivo de que le permita al consumidor conocer el servicio que está interesado en contratar.[1]

A pesar de esto, el INC no hace mención a la información al consumidor, aunque muchas autonomías han optado por incluirla en su legislación[2]. Si bien algunas no han profundizado en exceso, si es verdad que contienen aquella información mínima que el consumidor ha de conocer para decidir contratar con el prestador del servicio. El sistema que han utilizado ha sido el de la exigencia de un cartel u hoja informativa, dependiendo de si existe o no un local del negocio, en el que se ha de reflejar, al menos:

  • Los precios aplicables por tiempo de trabajo
  • Los precios de otros servicios afectados
  • Los recargos a aplicar por trabajos efectuados con carácter urgente o fuera de la jornada usual, a petición del usuario
  • Los gastos de desplazamiento en su caso.

 

También se exige que, para el caso en el que el usuario no acepte el presupuesto, se especifique que se podrá cobrar la confección misma de este. Como es lógico los precios recogidos en la información que se ofrece al consumidor deberán incluir todo tipo de impuestos, cargas o gravámenes. Si no los incluyesen no se podrán aplicar al consumidor y correrán a cargo del prestador de servicios.[3] Quizá hubiese sido adecuado especificar dentro de esta información  que no gozarán de la protección de esta normativa los usuarios que contraten con personas carentes de la condición legal de empresario así como exigir que el horario de prestación de servicios al público esté de forma visible desde el exterior del establecimiento.

Al igual que hace el TRLGDCU[1], en lo que hace referencia al presupuesto el contenido del modelo que recomienda el INC establece que el prestador del servicio, antes de la realización del servicio convenido, deberá someter a la firma del cliente un presupuesto en el que se contengan, al menos, las siguientes cuestiones[2]:

  • Nombre, dirección y teléfono del prestador del servicio.
  • Nombre, dirección del cliente y descripción del servicio solicitado y de la dirección donde debe ser realizado, con características, calidades y resultado.
  • Cantidad, calidad y precio de los materiales a emplear.
  • Precio de la mano de obra por hora, día, metros, superficies, volúmenes u otro tipo de tarifas usuales en el tipo de servicio a realizar.
  • Fecha aproximada de inicio y finalización del servicio.
  • Precio total del servicio, impuestos incluidos.
  • Período de garantía del servicio.
  • Período de validez de la oferta realizada en el presupuesto.
  • Fecha y firma o sello del prestador del servicio y en el lugar situado junto a éstos, un recuadro reservado para la firma del cliente

Además de lo que es el contenido en sí del presupuesto se recomienda que se realicen dos originales, uno de los cuales se deberá entregar al cliente, y el otro conservarlo el prestador del servicio, una vez haya sido firmado por el cliente en señal de conformidad.



[1] Señala en el artículo 97 que antes de iniciar el procedimiento de contratación y con la antelación necesaria, el empresario deberá suministrar al consumidor y usuario, de forma veraz y suficiente, la información prevista en el artículo 60 y además:

  1. El coste de la utilización de la técnica de comunicación a distancia cuando se calcule sobre una base distinta de la tarifa básica.
  2. Las características esenciales del bien o servicio.
  3. Los gastos de entrega y transporte, en su caso.
  4. El plazo de vigencia de la oferta y del precio y, en su caso, la ausencia del derecho de desistimiento en los supuestos previstos en el artículo 102.
  5. La duración mínima del contrato, si procede, cuando se trate de contratos de suministro de bienes o servicios destinados a su ejecución permanente o repetida.
  6. Las circunstancias y condiciones en que el empresario puede suministrar un bien o servicio de calidad y precio equivalentes, en sustitución del solicitado por el consumidor y usuario, cuando se quiera prever esta posibilidad.
  7. La forma de pago y modalidades de entrega o de ejecución.
  8. En su caso, indicación de si el empresario dispone o está adherido a algún procedimiento extrajudicial de solución de conflictos.

 

 



[1] RUIZ JIMENEZ, “La información de los consumidores en el ámbito comunitario”  Libro homenaje al Profesor Manuel Amorós Guardiola, Colegio de Registradores de la Propiedad. Madrid, 2006, págs. 643-666

 

[2] Las únicas comunidades que no mencionan en su legislación la información al consumidor son la Comunidad Valenciana y el País Vasco que en su articulado pasan directamente al presupuesto

 

[3] Hay algunas legislaciones, como el Decreto 255/1999, de 28 de diciembre, de prestación de servicios a domicilio de Castilla la Mancha en cuyo artículo 5 se llega mucho más al detalle al exigir, entre otras cosas que se señala en la información el nombre y apellidos, o denominación social, del prestador del servicio y el número de inscripción en el Registro así como la inclusión de determinadas leyendas como que “el prestador del servicio tiene la obligación de elaborar un presupuesto previo por escrito, salvo renuncia también por escrito del usuario”. Tan al detalle que “deberá figurar en caracteres de tamaño no inferior a 3 mm., debiendo estar agrupada y diferenciada de cualquiera otra publicidad que pudiera ofrecerse.“



[1] VILLANUEVA LUPIÓN, C.:  El servicio como objeto de tráfico jurídico, Pág. 27. Editorial LA LEY, Madrid, 2009.

 



[1] El Tribunal Supremo ha establecido en diferentes sentencias la diferencia entre ambos tipos de contratos. Sirva la S.T.S de 3 de noviembre de 1983 como muestra de ello: “que de los diferentes criterios ideados por la doctrina para distinguir el arrendamiento de servicios del de obra, el que goza de mayor predicamento radica en el objeto inmediato de la obligación del arrendador, de manera que si éste se obliga a la prestación de servicios o de trabajo, o de una actividad en sí misma, y no al resultado que aquella prestación produce, el arrendamiento es de servicios, y, en cambio, si se obliga a la prestación de un resultado, sin consideración al trabajo que lo crea, el arrendamiento es de obra”.

 

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¿TIENEN DERECHO A LA INTIMIDAD EL NIÑO DE LA PLAYA Y SU FAMILIA?

En el día de ayer medios de comunicación de todo el mundo publicaron una imagen estremecedora donde se ve un niño sirio muerto en una playa turca. La fotografía ha impactado tanto a nuestra sociedad que ha conseguido, si quiera por un momento, atraer la atención sobre el problema de los refugiados y avivar el debate de la necesaria cooperación de Europa en éste ámbito.

Muchos periódicos debatieron sobre la conveniencia o no de publicar la dura imagen en sus portadas. Unos, como el diario ABC, optaron por no hacerlo, otros, como El Mundo, lo hicieron con la cara del menor pixelada, y otros, como El Diario de Almería, lo hicieron con la fotografía sin modificación alguna. Desde el punto de vista ético estoy convencido que no es un debate sencillo; tampoco lo es en el ámbito del Derecho, pues conlleva múltiples interrogantes. ¿Tiene derecho a la intimidad el fallecido? ¿Podría la familia pedir que no se publicase la foto? ¿Ha de impedirse la identificación del menor? ¿Prima el derecho a la información y la necesidad de remover conciencias? Trataré, de forma breve, de dar claridad sobre estos asuntos.

Aunque para los no avezados pueda parecer una contradicción, en este caso no nos encontramos ante la protección del derecho a la imagen del menor, sino que nos referimos al derecho a su intimidad –intimidad familiar, como veremos más adelante.- Decía el gran jurista CASTÁN que éste derecho de la personalidad “concede un poder a las personas para proteger la esencia de su personalidad y sus más importantes cualidades.” El artículo 20.4 de la Constitución Española establece que las libertades de información y expresión “tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”. Esta confrontación del derecho a la libertad informativa y la protección de la juventud y la infancia está claramente regulada, además, en el artículo 39.2 CE, donde se ordena a los poderes públicos otorgar la máxima protección al menor y en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege la infancia y la maternidad.

Tanto la jurisprudencia como la doctrina son claramente favorables a la libertad de información en caso de confrontación de estos derechos en personas mayores de edad, si bien ofrecen una mayor preeminencia al derecho a la intimidad de los menores de edad, en orden a proteger ese interés superior de los mismos. De ahí que el tratamiento de las informaciones relativas a los menores deba realizarse bajo un prisma de mayor garantía de los derechos fundamentales y de interpretación restrictiva del ejercicio de la libertad de información y expresión.

Sin embargo, no debemos olvidar que es necesario buscar un equilibrio entre esta protección a los menores y el derecho a recibir información que tienen todos los ciudadanos por aplicación estricta del derecho a las libertades de expresión e información así como a la libertad de prensa. Y más aún en un tema de evidente interés general y alarma social.

Pues bien, del análisis jurisprudencial se desprende que los criterios de ponderación genéricos para determinar cuándo la intromisión la intimidad es legítima, es decir, cuándo la libertad de información prima sobre este derecho, son los siguientes: que lo difundido tenga interés público, que sea veraz y que no sea gratuito, es decir, que la información contribuya a formar la opinión pública. Parece claro, en mi opinión que todos estos requisitos se cumplen en el caso del menor sirio. Pero estos criterios genéricos deben ser ampliados y matizados respecto de los menores de edad. De forma que, en su caso, no serán suficientes para su protección, debiendo atender siempre en primer lugar al principio de no identificación del menor. Y ello porque los datos que permiten la identificación del menor no contribuyen al interés público de la información ni tampoco aportan nada a la formación de la opinión pública. O, dicho de otro modo, se podrá sacrificar la intimidad de un menor a favor de la libertad de información solamente cuando concurran los siguientes requisitos mínimos: que la información que se difunda sea veraz, que tenga un interés público relevante y que no lesione el interés del menor.

Pero es que en este caso nos encontramos con que el menor ha fallecido y, tratándose el derecho a la intimidad de un derecho de la personalidad, éste se extingue con su muerte. Aunque no debemos de olvidar que nuestro Tribunal Constitucional ha establecido que, incluso cuando haya fallecido el titular del derecho a la intimidad, se mantiene la existencia del derecho a la intimidad familiar, cuyos titulares son los parientes más próximos porque “su repercusión moral, es también un derecho de sus familiares.”

En conclusión, los medios solamente deberían abstenerse de publicar la foto si el padre del niño fallecido se negase a que la foto fuese difundida. Vistas las declaraciones recientes del padre en las que señala que quiero que el mundo entero nos escuche desde Turquía, donde hemos llegado escapando de la guerraHago esta declaración para evitar que otras personas tengan el mismo sufrimiento“, no existe impedimento legal alguno en que la fotografía se publique sin ser pixelada.

 

Ramón Herrera de las Heras y Alba Paños Pérez

Investigadores del Proyecto “La protección de los menores en el ámbito audiovisual” y fundadores de Universitas Legis

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