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La tramitación para la aprobación judicial de actos de disposición sobre los bienes de menores en la Ley de Jurisdicción Voluntaria

El artículo 64 de la Ley de Jurisdicción voluntaria trata sobre la tramitación del procedimiento de aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen sobre los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente.

Señala la disposición analizada que, una vez que sea admitida a trámite la solicitud por el Secretario judicial, Letrado de la Administración de Justicia ahora, éste deberá citar al Ministerio Fiscal. Esto es, será imprescindible su participación, pero no será necesario su informe favorable, puesto que no lo prevé así la normativa. Igualmente se exige, de manera genérica y poco concisa, que se cite a todas las personas que, según los distintos casos, exijan las leyes. Es por ello que el precepto no facilita en absoluto el conocimiento de quienes son esas personas necesarias. Posteriormente hace referencia a que, en todo caso, ha de ser citado el afectado, pero solo aquel que tuviera suficiente madurez. Esto, unido a lo establecido en el apartado siguiente hace que la citación al menor de edad que sea mayor de 12 años sea obligada. Por otro lado no distingue entre menores de 12 años y aquellos que tuvieses su capacidad de obrar restringida judicialmente, puesto que lo que hará que sean o no citados es el tener suficiente madurez. Éste término, usado en la práctica totalidad de legislación sobre la materia, deja al arbitrio del letrado de la administración de justicia la determinación de la existencia o no de suficiente madurez de los implicados en este procedimiento.

El segundo de los párrafos del artículo 64 establece, no la procedencia de la realización de un dictamen pericial, sino el procedimiento que ha de seguirse cuando éstos dictámenes hayan de tener lugar. Así distingue dos momentos, la realización del dictamen en sí mismo que ha de ser emitido antes de la celebración de la comparecencia, y por otro, la necesidad de la citación de los peritos que elaborasen el informe para ratificarse en el mismo o responder a las cuestiones de cualquiera de los intervinientes en el procedimiento de jurisdicción voluntaria y el propio Juez.

 

El núcleo central de lo recogido en este artículo aparece reflejado en el artículo 273 del Código civil, que con la reforma operada con la Ley 1/1996 ya exigía, antes de la autorización por parte del Juez de las actividades recogidas en los artículos 271 y 272 del mismo cuerpo legal, que fuese oído el Ministerio Fiscal y el tutelado, si fuese mayor de doce años o lo considera oportuno. Del mismo modo se le conminaba a que recabase los informes que le fuesen solicitados o estimase pertinentes el juez competente. Sobre este artículo 273, parte de la doctrina entiende que es reiterativo, en cuanto que vuelve a facultar al Ministerio Fiscal para intervenir a lo largo de todo el proceso de discernimiento de la tutela, porque se trata de una disposición que con sentido general y omnicomprensiva, ha sido estatuida para todo el proceso de incapacitación y tutela

En cuanto a oír al menor, ya he señalado que se trata de una tendencia legislativa actual, con la que se conculca la regla general sobre la capacidad de las personas. Con todo, en esta ocasión y tratándose de actos vinculados a la actividad económica y que requieren ciertos conocimientos especializados para saber lo que puede convenir en cada caso, no se sabe muy bien para qué habrá de ser consultado el menor cuando el propio Juez tiene que ser asesorado para decidir con mayor acierto.[1]

 

 


[1] VÁZQUEZ IRUZUBIETA, C.: Código civil, comentarios, notas y jurisprudencia. Ed. Dijusa, 2007

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Un medio online de Marbella obligado a indemnizar a un concejal por vulnerar su honor

A continuación reproducimos la noticia publicada en www.marbelladirecto.com

La demanda, presentada por Universitas Legis, ha visto satisfechas sus pretensiones al reconocerse la vulneración del derecho al honor e indemnizar al demandante.

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Según ha informado el Partido Popular mediante un comunicado de prensa “el diario online Marbella24horas ha quedado obligado a reparar el honor de Diego López, según lo recogido en el auto 377/2015 del Juzgado número 7 de primera instancia de Marbella de fecha 23 de noviembre”.

Dicho medio de comunicación “publicó durante los meses de enero y febrero de 2015 algunas noticias sobre el concejal Diego López cuyo contenido no era verdad y recogió, igualmente, comentarios ofensivos hacia su persona” han señalado los populares.

Ante tal situación el concejal popular interpuso una demanda contra el medio por vulnerar su derecho al honor que ahora ha de ser reparado. En este sentido Diego López ha manifestado que “siempre he asumido y asumo mi condición de cargo público igual que he respetado la crítica amparada en el derecho de libertad de información y expresión, pero esos derechos nunca pueden amparar el insulto ni la mentira”

Según ha señalado la formación se da además la situación de que “el diario, dirigido por Juan Carlos Angulo, que se da la circunstancia de que es el marido de la jefa de gabinete del alcalde de Marbella, ha reconocido que lo publicado en los comentarios a pie de página el pasado 23 de enero eran ofensivos e insultantes, hecho que se enmarca en una campaña de crítica feroz contra la persona de Diego López en particular y contra el Partido Popular en general.”

Mediante dicho comunicado los populares han señalado que “como ya se señaló en la demanda, el diario tendría que haber contrastado algunas de las noticias que publicó y haber evitado los comentarios ofensivos como el de “mafia pura” o la insinuación de “cortar las manos” porque, como es evidente, con un simple cuidado razonable, con una diligencia mínima, no se hubiese llegado a este extremo”. Según han manifestados los populares, “estas expresiones, así como la publicación de noticias inveraces, hacen que el diario online tenga que pagar una indemnización económica a Diego López, así como publicar en su web una rectificación por los daños que se le han causado.”

Diego López ha señalado que, “aunque la intención de este medio no fuese la de la de informar, no han conseguido, ni van a conseguir, desacreditar a mi persona y mi partido con fines claramente partidistas porque se han topado de bruces con la Justicia”

“Se da también el hecho de que la mujer del director de este medio, ostentaba la secretaria del grupo municipal socialista en el ayuntamiento de Marbella en el momento de los hechos, y que a día de hoy es cargo de confianza designada por el alcalde del ayuntamiento de Marbella llegando a percibir de las arcas públicas más de 48.000€ anuales”, reseñaban los populares.

Para la formación “es igualmente llamativa coincidencia de que el letrado del diario es Don Jaime Olcina, secretario de política municipal del Partido Socialista de Marbella y que a día de hoy cuenta con una relación laboral con el Ayuntamiento, como asesor del alcalde en proyectos estratégicos.”

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