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Los accionistas originarios de bankia disponen de 4 años desde la compra de sus acciones para recuperar su inversión

Hace escasos días, el Tribunal Supremo confirmó la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a Bolsa. La Sala Civil estableció que hubo error en el consentimiento por parte de los compradores debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública.

La acción de nulidad de la que disponen todos los pequeños accionistas está sujeta a un plazo de 4 años, según lo establecido en el art. 1301 de Código Civil (CC), que es el que opera en el caso de error, dolo o falsedad de la causa desde la consumación del contrato, es decir, desde la compra de las acciones. Hemos de recordar que el art. 1265 establece la nulidad del consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo. Como señala el artículo 1266 CC. Para que el error invalide el consentimiento, debe de recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiese dado motivo a celebrarlo, que es justamente lo que ha sucedido en este caso.
Es importante no confundir la nulidad con la anulabilidad. La nulidad de pleno derecho, como es sabido, sucede cuando no existe alguno de los elementos esenciales del contrato recogidos en el artículo 1261 C.C.. En este caso se deben referir al consentimiento; pero es que sí hay consentimiento en los compradores de las acciones, distinto es que éste haya podido estar viciado por un error, como ha señalado el Tribunal Supremo en la reciente sentencia. Por lo tanto nos hallaríamos ante una posible anulabilidad o nulidad relativa conforme a lo establecido en el artículo 1300 C.C., cuando, dichos requisitos, existen vicios que pueden llegar a invalidar el contrato.

Y es aquí donde la diferencia señalada toma relevancia. Si nos encontrásemos ante un caso de nulidad absoluta la acción no prescribiría nunca, así, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 1975 establece que “con arreglo a la reiteradísima jurisprudencia de esta Sala, la acción para declararlo así, pese a lo previsto en el artículo 1961 del mismo ordenamiento no está sujeta a prescripción extintiva”. En este mismo sentido se pronuncia, entre otras muchas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2005 al señalar que “aunque ciertamente la literalidad del artículo 1301 C.C. podría llevar a un lector profano a considerar que la acción de nulidad caduca a los cuatro años, tanto la jurisprudencia como la doctrina coindicen unánimemente en interpretar que el artículo 1301 C.C. se aplica a la anulabilidad y no a la nulidad, que es definitiva y no puede sanarse por el paso del tiempo, insubsanable, el contrato viciado de nulidad absoluta en ningún caso podrá ser objeto de confirmación ni de prescripción.”
Pero en este caso, la acción, al tratarse de un caso de nulidad relativa, tendría un plazo de prescripción de cuatro años, desde que se consumó la compra, quedando convalidado el contrato si hubiese transcurrido ese plazo, como así lo establece el ya referido artículo 1301 C.C..

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Los titiriteros y los límites a la libertad de expresión

La representación el pasado sábado en Madrid de una polémica obra de títeres ante numerosos niños ha generado un gran revuelo mediático y social. Unos piden responsabilidades a los autores de la obra y a los políticos que la han permitido mientras que otros se llevan las manos a la cabeza porque creen vulnerada la libertad de expresión de los titiriteros. Intentaré, desde el punto de vista legal, analizar de forma muy breve si una obra que incluye goras a ETA, violaciones a monjas o ahorcamientos de jueces está amparada o no en el derecho de la libertad de expresión.

El Tribunal Constitucional ha definido a la libertad de expresión como la “libre manifestación de creencias, juicios o valoraciones subjetivas, estos es, como libre difusión de ideas u opiniones”. Pero al igual que la Constitución Española consagra este derecho, el apartado cuatro del artículo 20 establece que “estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor…” Esos límites los ha establecido el propio Tribunal Constitucional cuando se reproduzcan “frases y expresiones ultrajantes y ofensivas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito.[1]

El Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero señala igualmente que el ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la ley…”  En el mismo sentido se pronunció el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando afirmó que “en efecto, quién se valga de su libertad de expresión asume, según los propios términos de ese párrafo, deberes y responsabilidades.[2]

La sátira, que es una forma de expresión artística y comentario social, que, exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar y se encuentra amparada por el ejercicio de la libertad de expresión. Por lo tanto, es necesario examinar con especial atención cualquier injerencia en el derecho de un artista a expresarse por este medio Pero eso no quiere decir que toda sátira sea impune ante la protección del derecho al honor. Tanto es así que son numerosos los pronunciamientos de los Tribunales en los que se condena por vulneración del derecho al honor cuando éstas se extralimitan en el ejercicio de su derecho de crítica. Un ejemplo de esto es la Sentencia de 14 de abril de 2000 del Tribunal Supremo que establece que “por consustancial que sean al género satírico tanto la ridiculización del personaje y el tono jocoso o burlón como la brevedad y rotundidad del mensaje, dicho género no puede quedar por completo al margen de la protección que merezca el honor del personaje objeto de burla o, dicho de otra forma, el acudir a ese género no borra ni elimina los límites que impone la protección del derecho fundamental al honor.”

En el mismo sentido ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional cuando afirma que “no se había vulnerado el derecho a la libertad de expresión de los demandantes, en la medida en que los dibujos y las expresiones utilizadas por éstos eran ofensivos y humillantes para las personas concernidas y vulneraban su honor y su reputación.” Esta resolución que fue llevada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, fue ratificada por éste al entender que “los demandantes habían sobrepasado los límites aceptables del derecho a la crítica[3] Lo resume muy bien DE VERDA Y BEAMONTE cuando dice que “una cosa es conceder mayor margen de libertad para la crítica realizada en el marco de un tono jocoso o burlón y otra, muy distinta, que el objeto de la sátira haya de soportar cualquier tipo de intromisión.”

Por eso, desde el punto de vista del derecho civil, la actuación de los “artistas” ha sobrepasado, en mi opinión, los límites de la libertad de expresión. Y todo esto sin tener en cuenta la vía penal y el hecho de que haya sido realizado ante niños menores de edad.

 

Ramón Herrera de las Heras

Profesor de Derecho civil de la Universidad de Almería

Socio de Universitas Legis



[1] Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de septiembre de 2008

[2] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, no 68354/01, 2007

[3] Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Vereinigung Bildender Künstler c. Austria, nº 68354/01, 2007

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Universitas Legis obtiene la certificación de Joven Empresa Innovadora

La empresa almeriense Universitas Legis ha obtenido el Certificado de Conformidad con la Especificación AENOR EA0043, de Joven Empresa Innovadora, convirtiéndose así en una de las primeras empresas del ámbito jurídico que lo consigue. La apuesta decidida de Universitas Legis por la innovación en la aplicación del Derecho se vió refrendada también por su calificación como Empresa de Base Tecnológica.

Las certificaciones de Joven Empresa Innovadora (JEI) o Pyme Innovadora permiten a las organizaciones demostrar su capacidad de innovación, mediante una correcta evaluación de los recursos que aplican al proceso de innovación, así como a los resultados obtenidos.

Desde ahora, Universitas Legis está incluida en el Registro de Pyme Innovadora del Ministerio de Economía y Competitividad lo que permite compatibilizar en un mismo personal investigador la bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social del personal investigador, con la deducción fiscal de hasta el 42% de los gastos en I+D+i del Impuesto sobre Sociedades, según recoge el Real Decreto 475/2014 sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Además, la inclusión en este Registro, les permitirá acceder a otros beneficios, como créditos para I+D+i.

El certificado de conformidad de Joven Empresa Innovadora (JEI) se basa en la especificación técnica de AENOR EA 0043. Indica que Universitas Legis ha definido su estrategia de innovación e identificado las principales actuaciones a realizar en materia de I+D+i. Para ello ha desarrollado un plan de formación y un plan de negocio, que incluye las cualidades más significativas y las ventajas que aporta, así como el mercado al que va destinado, y una previsión de la rentabilidad, solvencia y liquidez del proyecto.

Por su parte, el certificado de conformidad de Pyme Innovadora se basa en la especificación de AENOR EA 0047. Constituye una herramienta extremadamente útil para que las empresas puedan valorar su potencial innovador mediante, por ejemplo, la autoevaluación de su posición innovadora a través de los 27 indicadores descritos en la norma, correspondientes a los recursos aplicados al proceso de innovación; así como a los resultados y valorización de la innovación.

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