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La paralización de “Proyecto Bullying” en defensa de los derechos de los menores

El caso más reciente respecto a la protección de los menores en los medios de comunicación es protagonista actualmente del debate de la opinión pública por un programa que la cadena Cuatro tenía previsto emitir a finales de este mes de junio, Proyecto Bullying, y que ha sido paralizado a instancia de las Fiscalías de Menores correspondientes, por considerar que perjudica el interés superior de los menores que aparecen en el mismo.

Si bien en un primer momento solamente la Fiscalía de Menores de Madrid envió un requerimiento paralizando la emisión del programa, la Cadena pensaba emitir otras entregas del programa localizadas en las provincias de Segovia y Cádiz, cuyas Fiscalías no habían pedido medidas en contra de la emisión del programa. No obstante, finalmente también estos Ministerios se han pronunciado en contra de la emisión, lo que ha provocado la cancelación definitiva del programa previsto.

Dicho programa abordaba el tema del acoso escolar, recogiendo testimonios tanto de menores protagonistas del acoso como de personas afectadas de su entorno. Así, tanto la menor protagonista como otros niños que salían en el programa aparecían en pantalla sin ningún tipo de filtro visual o sonoro; mientras el resto de personas que aparecían en el reportaje (compañeros de clase, profesores, directores…), lo hacían con sus rostros y voces completamente distorsionados para evitar su posible identificación. Por lo visto, algunas de las imágenes del programa, en las que se podría ver el acoso que sufre la niña protagonista dentro de su centro escolar, estaban tomadas mediante una cámara oculta colocada en la mochila de la chica (algo que actualmente también es ilegal). A lo largo del capítulo se ve cómo es víctima de insultos, menosprecios y amenazas, tanto de forma física como a través de las redes sociales.

A pesar de que la Cadena en cuestión, que remitió previamente los episodios grabados a la Fiscalía para la autorización de la emisión, ha asegurado a los medios de comunicación que en esos casos contaban con la autorización expresa de sus padres, la Fiscalía argumenta en su requerimiento la aparición de menores perfectamente identificables en las imágenes.

Efectivamente, tal y como hemos explicado en otras ocasiones, la Ley General de la Comunicación Audiovisual, en su artículo 7,  protege los derechos a la intimidad y propia imagen de los menores regulando el derecho que tienen a emitir y recibir una información veraz, además de, en lo esencial, consagrar el principio de no identificación de los mismos cuando señala que “Los menores tienen el derecho a que su imagen y voz no sean utilizadas en los servicios de comunicación audiovisual sin su consentimiento o el de su representante legal, de acuerdo con la normativa vigente. En todo caso, está prohibida la difusión del nombre, la imagen u otros datos que permitan la identificación de los menores en el contexto de hechos delictivos o emisiones que discutan su tutela o filiación”. Por tanto, es competencia de la Fiscalía evitar las intromisiones en los derechos fundamentales de los menores, incluso mediando el consentimiento de los mismos o de sus representantes legales, cuando consideren que se puede ver afectado el superior interés de los menores. Esta situación se podría haber evitado utilizando mecanismos para impedir la identificación de los menores, como sí se había previsto para los otros implicados que aparecían en el Programa. En este caso, aplaudimos la labor preventiva de las Fiscalías que han intervenido eficazmente antes de que se produzca el daño a los menores.

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Caso De Gea: Diligencia de los medios de comunicación, contundencia de la justicia y prudencia del resto

Hoy, el mismo día en el que se inicia la Eurocopa, ha estallado con virulencia el caso De Gea. Una exclusiva de el diario.es apunta a que en el marco de la investigación a Torbe una testigo protegida contó a la Policía que fue obligada en 2012 a mantener relaciones con Iker Muniain y otro futbolista contra su voluntad en una cita que habría contratado De Gea, que no estaba en el encuentro. En este post, queremos tratar la protección del honor de los futbolistas que pueden verse afectados y la libertad de información como elemento esencial en nuestra democracia.

Partiendo de que el trabajo del eldiario.es me parece, por su prudencia y contenido, muy bueno, no podemos olvidar que puede que afecte a personas que o bien no tienen nada que ver con los hechos, o que finalmente se vean absueltos de cualquier responsabilidad penal.

Lo importante para los medios de comunicación en este caso no es tanto que el contenido de la noticia sea verdad, sino que  hayan actuado con diligencia a la hora de obtener la información. Los medios de comunicación no responderán por el daño causado a los futbolistas, excepto si este hubiese sido provocado por una mala praxis profesional o por carecer de la suficiente diligencia. Pongo un ejemplo; sabemos que hay un tercer futbolista, que eldiario.es no ha mencionado, pero que muchos otros si lo han hecho. Si resulta que este último futbolista no hubiese tenido relación con los hechos, y los medios que han publicado su nombre no hubiesen actuado con la diligencia necesaria para contrastar la noticia, sí que podrían responder por la vulneración del honor del futbolista.

El Tribunal Constitucional en su sentencia de 19 de diciembre de 2013 estableció que si un medio actuaba con  “diligencia en la averiguación de los hechos…legitima el derecho a la información”. En otras palabras, “las noticias, para gozar de protección constitucional, deben ser diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos”. Pero aquellos medios que transmitan como hechos verdaderos, bien simples rumores, carentes de toda constatación, bien meras invenciones o insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las oportunas averiguaciones propias de un profesional diligente, sí que serán responsables del posible daño causado al futbolista.

Esta circunstancia cuenta con un problema añadido, y es la repercusión en las redes sociales, especialmente en Twitter, donde miles de usuarios dan nombres, o confirman participantes en los hechos sin tener prueba alguna. Esto me recuerda al caso que se produjo en el Reino Unido, en el año 2012, cuando diversos medios de comunicación publicaron, de forma errónea, que Lord Alistair McAlpine había abusado una docena de veces de un joven en los años setenta. Los hechos se demostraron absolutamente falsos. Fueron más de 1.000 los tuits en los que se mencionaba esta información, y superaban los 9.000 retuits. McAlpine decidió demandar tanto a los que pusieron el tuit original como a todos aquellos que lo retuitearon, pero con una original medida: solicitaba a aquellos usuarios con menos de 500 seguidores que pagasen 5 euros de manera simbólica a una ONG, y la cantidad subía proporcionalmente si el número de seguidores lo hacía.

Por eso me atrevo a pedir diligencia a los medios –como están teniendo la gran mayoría-, contundencia a la justicia y prudencia a todos los demás.

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