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Universitas Legis designada Administradora Concursal de sociedades en concurso

Universitas Legis ha sido designada Administradora Concursal de sociedades en concurso. La Administración concursal es designada por el Juez de lo Mercantil con ocasión de la declaración de concurso de la persona física o jurídica. Dicha figura suele recaer en uno o varios profesionales con especiales cualidades de gestión y amplios conocimientos jurídicos y contables. Es por ello que en la práctica, los Tribunales suelen nombrar en numerosas ocasiones a sociedades profesionales compuestas por abogados y economistas. El criterio que siguen los Jueces del concurso es el de profesionalidad y adecuación entre el perfil del designado y las características del concurso. En un futuro, está previsto que se realice mediante lista secuencial de entre los inscritos en el Registro Público concursal.

En relación con este tipo de asuntos, Universitas Legis cuenta con especialistas con amplia experiencia en esta materia y que han formado parte del equipo de Garrigues.

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Fátima Pérez publica una monografía sobre el Bullying, el ciberbullying y el acoso

La editorial jurídica Dykinson acaba de editar una monografía sobre el Bullying, ciberbullying y el acoso de la que es autora nuestra socia Fátima Pérez Ferrer junto a la profesora de Derecho civil de la Universidad de Almería, Ana Mª Pérez Vallejo.

La obra, titulada “Bullying, ciberbullying y el acoso con elementos sexuales: desde la prevención a la reparación del daño“, realiza un diagnóstico sobre la violencia protagonizada entre iguales y sus nuevas formas de comisión, por ser una preocupante realidad presente en la vida de niños, niñas y adolescentes. Su manifestación implica exclusión social, intimidación y maltrato infantil. El estado actual de la cuestión podría calificarse de preocupante, más aún por el impacto de las TICs, que sin lugar a dudas amplifica los efectos devastadores del bullying tradicional. Esta investigación alerta, con datos contrastados, sobre el aumento del uso de las redes sociales (Tuenti, Facebook o Twitter) y dispositivos móviles (aplicaciones WhatsApp) como plataformas para la realización de actos de violencia escolar y otros tipos de acoso con elementos sexuales entre menores (child grooming y sexting). Conductas vejatorias, amenazas, comentarios dañinos, difusión de fotos o videos de contenido comprometido, facilitados voluntariamente por la víctima a otro menor y que pueden generar un proceso de ciberbullying entre menores y adolescentes que se conocen dentro del mismo círculo educativo.

Ante este panorama, en el que se aprecian carencias o déficits a distintos niveles, es preciso dotar a la sociedad de potentes instrumentos en fase de prevención, cuyo abordaje se hace inmediato e imprescindible. Distintas medidas que desde el propio ámbito educativo, resultarían suficientes para poner freno al problema. Sin embargo, cuando las medidas preventivas o disuasorias no han funcionado y no es posible la “desjudicialización” del conflicto, victima y agresor se incorporan al proceso. Las viejas y nuevas formas de violencia entre pares son conductas antijurídicas, que además del reproche criminal que merecen, dan lugar a la correspondiente responsabilidad civil para reparar el daño injustamente causado. En este contexto se analiza y sometemos a consideración si el actual sistema judicial responde adecuadamente a la reparación integral de los daños resarcibles al menor víctima y si procura la rehabilitación y resocialización de menor infractor autor de estas conductas.

Fátima Pérez Ferrer es Doctora en Derecho por la Universidad de Almería (2004), socia de Universitas Legis y Profesora Titular de Derecho Penal. Es miembro del Grupo de Investigación “Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Granada” (SEJ -151), y de distintos Proyectos de investigación a nivel nacional sobre temas relacionados con Seguridad Vial, Violencia de Género, Menores, Urbanismo y delitos de corrupción. En la actualidad, es miembro del Proyecto I+D “Análisis jurídico y cuantitativo de la violencia en la infancia y adolescencia: propuestas de intervención socio-legal” (DER 2014-58084). Autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Profesora Visitante en el Institüt für die gesamten Strafrechtswissenchaften en Munich (Almenia).

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Un juzgado de Almería establece que un menor deberá dormir cada día con uno de los progenitores, mientras el Tribunal Supremo se manifiesta en contra de la casa nido

Cada vez son más los casos en los que los tribunales de nuestro país determinan un régimen de custodia compartida. La evolución en los últimos años es clara, y tanto las legislaciones forales como la jurisprudencia del Tribunal Supremo así lo determinan. Pero no siempre es fácil establecer un sistema en el que los niños sufran lo menos posible. Hace unos meses, el juzgado de primera instancia número 6 de Almería estableció un régimen de custodia compartida muy cuestionable: Un día, de forma alternativa, con cada uno de los progenitores. Lo expresa así: “El periodo escolar corresponderá al padre, los martes y jueves, desde la recogida del colegio cada uno de los días, hasta el día siguiente a la entrada al colegio; y a la madre los lunes y miercoles. Los fines de semana alternativamente a ambos progenitores.” Con todos los respetos a las decisiones judiciales, este sistema parece, cuanto menos, muy cuestionable. ¿Es razonable que un niño duerma cada día en una casa distinta, con alguien distinto? ¿No requeríría más estabilidad?

Pero tampoco parece que la “casa nido” sea la solución. Al menos así lo ha señalado el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 11 de febrero de 2016 en la que establece que ““Esta Sala, al acordar la custodia compartida, está estableciendo que los menores ya no residirán habitualmente en el domicilio de la madre, sino que con periodicidad semanal habitarán en el domicilio de cada uno de los progenitores, no existiendo ya una residencia familiar sino dos, por lo que ya no se podrá hacer adscripción de la vivienda familiar, indefinida, a los menores y al padre o madre que con el conviva, pues ya la residencia no es única, por lo que de acuerdo con el art. 96.2 C. Civil, aplicado analógicamente, a la vista de la paridad económica de los progenitores, se determina que la madre podrá mantenerse en la vivienda que fue familiar durante un año, computable desde la fecha de la presente sentencia con el fin de facilitar a ella y a los menores (interés más necesitado de protección), la transición a una nueva residencia (STS 9 de septiembre de 2015, rec. 545 de 2014), transcurrido el cual la vivienda quedará supeditada al proceso de liquidación de la sociedad de gananciales“.

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