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Fátima Pérez nombrada miembro del Consejo Andaluz de Universidades a propuesta del Parlamento de Andalucía

Nuestra socia Fátima Pérez Ferrer, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería, fue nombrada el pasado día 29 de marzo nueva consejera del Consejo Andalúz de Universidades. El citado órgano es al que corresponden las funciones de planificación, propuesta, consulta y asesoramiento en materia de coordinación Universitaria. Entre sus funciones destacan las siguientes:

  • Conocer, asesorar e informar la Programación e Inversiones de la Junta de Andalucía en el Sistema Universitario Andaluz y sus criterios de aplicación, y, en particular, el modelo de financiación.
  • Informar, a petición del órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de Universidades, de los anteproyectos de ley, proyectos de reglamentos y normas, en general, que puedan afectar al Sistema Universitario Andaluz.
  • Informar sobre la creación y reconocimiento de Universidades.
  • Informar los proyectos de creación, modificación, supresión, adscripción y revocación de la adscripción de centros e Institutos Universitarios de Investigación, así como sobre los proyectos de implantación de nuevos estudios conducentes a la expedición de títulos oficiales y validez en todo el territorio nacional, y ser oído en relación con los planes de estudios.
  • Asesorar sobre la organización conjunta de los estudios y servicios universitarios para su mayor racionalización.
  • Informar la planificación autonómica en materia de investigación, desarrollo o innovación.
  • Conocer los diferentes estudios, titulaciones y títulos propios de las Universidades de Andalucía y fomentar la armonización entre los mismos.
  • Impulsar programas de organización deenseñanzas de especialización para posgraduados, de actividades específicas de formación continuada y permanente, y de iniciación laboral en sus diversas modalidades.
  • Elaborar criterios para la convalidación y adaptación de estudios interuniversitarios, a efectos de su continuación en las Universidades andaluzas, especialmente en lo que respecta a los de tercer ciclo y a los conducentes a la expedición de títulos propios de las Universidades andaluzas, sin perjuicio de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Universidades.
  • Conocer los conciertos suscritos entre las Universidades y las instituciones sanitarias.
  • Proponer criterios y directrices que hayan de orientar la política de becas, ayudas y créditos a los estudiantes, para favorecer la movilidad dentro de la Comunidad Autónoma y en el ámbito del espacio europeo de enseñanza superior.
  • Conocer del desarrollo, ejecución y control del sistema general de becas, ayudas y créditos al estudio correspondiente a la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de los mecanismos de coordinación de éste con el propio del Estado para asegurar los resultados de su aplicación.
  • Informar sobre los precios públicos y tasas académicas que haya de aprobar la Comunidad Autónoma de Andalucía.
  • Ser oído sobre los criterios de la Comunidad Autónoma relativos a los límites máximos de admisión de estudiantes en Universidades públicas y privadas, por motivos de interés general, por la capacidad de los centros o para poder cumplir exigencias derivadas de directivas comunitarias o convenios internacionales.
  • Ser oído en relación con los criterios, indicadores y bases comunes que hayan de utilizarse para la evaluación de la calidad de las Universidades.
  • Conocer los informes y estudios elaborados por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria.
  • Promover la evaluación continua de los procesos y resultados de las actividades docentes, investigadoras y de gestión desarrolladas por las Universidades andaluzas en ordena potenciar la mejora de su calidad.
  • Promover y apoyar el desarrollo de sistemas internos de evaluación, control y mejora de la calidad en las Universidades andaluzas.
  • Desarrollar y fomentar programas de mejora de calidad en el Sistema Universitario Andaluz.
  • Asesorar a la Consejería de con competencias en materia de educación, en cuantos asuntos le sean solicitados y proponer las iniciativas que estime oportunas para la mejora del Sistema Universitario Andaluz.
  • Promover medidas y políticas generales de empleo activo e inserción laboral para los estudiantes y egresados universitarios.

Fátima Pérez Ferrer es Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Almería y Doctora en Derecho por citada Universidad de  (2004). Abogada, es autora de numerosas publicaciones relacionadas con la Parte General y Especial del Derecho Penal. Miembro de distintos proyectos de investigación a nivel nacional sobre temas relacionados con la seguridad vial, violencia de género, menores, tráfico de drogas, Derecho Penal y Medio Ambiente, delitos contra los consumidores, Urbanismo y corrupción. También ha impartido docencia en la Universidad italiana de Perugia y ha sido Profesora visitante en el Institüt Für Die Gesamten Strafrechtswissenchaften, Alemania.

 

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Ramón Herrera dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario

Nuestro socio, el Profesor Titular de Derecho Civil Ramón Herrera, dirigirá el próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario que se celebrará en Murcia durante el mes de octubre. El pasado 6 de febrero de 2017, la Asociación Española de Derecho Agrario, presidida por el Prof. De la Cuesta, anunció que la celebración del próximo Congreso Nacional de Derecho Agrario tendría lugar en la Región de Murcia. Este anuncio ha contado con el apoyo de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU). El Congreso pretende convertirse en un encuentro científico y técnico entre investigadores, profesionales del sector agrario, administraciones, empresas y cooperativas. El objetivo es convertir el Congreso en un espacio de análisis, por parte de ponentes expertos, sobre las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al Derecho agrario.

Las directoras generales de Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, Carmen Teodora Morales, y Fondos Agrarios, Carmen García Frago, se reunieron hoy con el profesor titular de Derecho Civil de la Universidad de Almería y miembro de la Unión Mundial de Agraristas Universitarios (UMAU), Ramón Herrera, para abordar la celebración en Murcia del XXVIII Congreso Nacional de Derecho Agrario, que está previsto para el mes de octubre.

Investigadores, profesionales del sector agrario y representantes de administraciones, empresas y cooperativas abordarán en el congreso las principales preocupaciones que afectan al sector agroalimentario nacional, así como el estudio y difusión de las novedades normativas que afectan al derecho agrario. Así, las líneas principales del programa serán el futuro de la Política Agraria Comunitaria, la sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario, la titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola y la comercialización de productos agroalimentarios. Para que el congreso tenga la relevancia adecuada y vea cumplidos sus objetivos, la Asociación Española de Derecho Agrario implicará no solo a las administraciones públicas, sino también a la sociedad y al sector privado agroalimentario.

El Congreso tendrá lugar en el mes de octubre durante dos días, en jornadas de mañana y tarde. Contará, por lo tanto, con cuatro sesiones, haciéndolas coincidir con las cuatro líneas principales del programa que serán, a falta de mayor concreción, las siguientes:
El futuro de la Política agraria Comunitaria. Se basará, principalmente, en los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión Europea y que estará abierta hasta el próximo 2 de mayo; Sustantividad y competencias normativas en el ámbito agroalimentario. La intención de este bloque tratará de dar luz a los problemas de concurrencia legislativa entre las distintas administraciones; Titularidad de las explotaciones agrarias y estructura de la propiedad agrícola.; La comercialización de productos agroalimentarios.

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Aun puedes reclamar la devolución de lo pagado por cláusulas suelo

El pasado 21 de enero entraba en vigor el Real Decreto-Ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo. A través de la promulgación de este Decreto-Ley, el ejecutivo trata de dar una solución a la problemática surgida respecto de las cláusulas suelo, a la vez que aspira a evitar seguir congestionando el sistema judicial.

El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende a los contratos de préstamo constituidos con una garantía hipotecaria y que cuenten con cláusulas suelo, siendo una de las partes contratantes una entidad financiera y la otra un consumidor. A este respecto, debe tenerse en cuenta que la jurisprudencia está interpretando el concepto de consumidor en un sentido amplio, incluyendo a empresarios individuales o autónomos.

Si echamos la vista atrás, nos encontramos como precedente de esta nueva redacción normativa la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo, que con fecha 9 de mayo de 2013, declaró abusivas las cláusulas suelo recogidas en los contratos de préstamo hipotecario firmados por varios consumidores con distintas entidades bancarias. Sin embargo, el fallo de la sentencia también recogía un aspecto importante: la irretroactividad de los efectos de la nulidad declarada respecto de las referidas cláusulas suelo. Así pues, de acuerdo con dicho criterio, en aquellos casos en los que las cantidades  hubiesen sido satisfechas con anterioridad al día 9 de mayo de 2013, no debían ser reintegradas por las entidades financieras, pese a la declaración de lesivas de las citadas cláusulas.

A finales del pasado año, concretamente el día 21 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallaba que  la sentencia del Tribunal Supremo como contraria al artículo 6, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE del Consejo, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con los consumidores. Es por ello que desde ese momento se empezó a trabajar en el diseño de un proceso alternativo al judicial y se acordó introducir mediante Decreto-Ley una vía extrajudicial a través de la cual se pudiesen llegar a restituir las cantidades abonadas por los consumidores sin necesidad de acudir al cauce judicial.

De este modo, se regula el derecho de reclamación extrajudicial,  sin necesidad de acudir a los Tribunales, sin perjuicio de que se pueda interponer demanda judicial toda vez que no se llegue a un acuerdo con la entidad financiera. La nueva legislación da el pistoletazo de salida para que, en un plazo máximo de tres meses tras la reclamación, el banco se ponga en contacto con el cliente requirente para, en su caso, devolver las cantidades que correspondan. No obstante el tiempo transcurrido desde la publicación de la norma, algunas entidades financieras todavía no han definido su protocolo de actuación al respecto.

Conocido el mecanismo, huelga decir que las cuantías que se deban reintegrar deberán ir acompañadas de los correspondientes intereses devengados. Por otro lado, recalcar que todo aquel que obtenga una devolución de cláusula suelo deberá de tributar por las cuotas percibidas. A efectos procesales, durante el período que dure la negociación entre la entidad y el consumidor, ninguna de las partes podrá someter el proceso en el que se ven inmersos al arbitrio judicial.

Por último, apuntar que en caso de disconformidad con las cuantías ofrecidas por la entidad bancaria, el cliente podrá rechazarlas. En este caso, y una vez transcurridos los 3 meses establecidos para el periodo de negociación, se podrá acudir a la vía judicial para obtener mayor beneficio que el propuesto por la entidad financiera.  En caso de obtenerse un fallo a favor del consumidor, la entidad bancaria será condenada a abonar los gastos asumidos por el cliente (abogado, procurador, perito, etc).

Los abogados de Universitas Legis están a su disposición para asesorarle en esta materia, contando con una amplia experiencia relativa a cláusulas abusivas y reclamación de cuantías cobradas indebidamente por las entidades financieras.

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