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LAS RESPONSABILIDADES DEL INCUMPLIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A continuación reproducimos la entrevista que realizó la revista Prevencionistas a nuestros socios Juana María Pardo y Miguel Ángel Barrientos

 

¿En materia de prevención de riesgos laborales, cuál es su experiencia?

Hemos tenido ocasión de asumir la defensa letrada de empresas a cuyos representantes legales o técnicos se les imputaba un delito contra la seguridad de los trabajadores, así como a empleados lesionados en accidentes laborales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el art. 316 y siguientes de nuestro Código penal se remite a la legislación específica para determinar cuáles son las medidas de seguridad e higiene adecuadas que deben cumplirse por los trabajadores a la hora de desempeñar su actividad. – Tras tener experiencia en materia jurídica en la defensa tanto de empresas como de trabajadores afectados por un accidente laboral,

¿Cuáles son los aspectos en los que creen que la normativa falla?

El marco normativo viene establecido principalmente por la Directiva marco 89/391 sobre Salud y Seguridad en el Trabajo, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, desarrollada por el Reglamento de los Servicios de Prevención aprobado mediante Real Decreto 39/1997 y normativa específica según el sector de actividad. En la práctica, la normativa es muy extensa y se encuentra muy dispersa. La principal dificultad es que las medidas contempladas en los planes de prevención de riesgos laborales, se ejecuten de forma adecuada por los trabajadores. Ello se debe a que el empresario y sus responsables técnicos no sólo tienen la obligación de planificar el método de actuación, sino también la de vigilar que los trabajadores cumplan las medidas estipuladas, anteponiendo dicho cumplimiento a cualquier otra consideración.

La normativa en PRL, es muy extensa, y en muchos casos es difícil de gestionar y cumplir por la PYMES, ¿Es el Compliance una solución útil y práctica para estas empresas?

Sí, los planes de cumplimiento normativo, también llamados Compliance Programs, son una medida complementaria y adicional a los planes de prevención de riesgos laborales. Dichos planes de cumplimiento persiguen eximir o atenuar la responsabilidad penal de la empresa (regulada en el art. 31 bis del Código Penal), y en consecuencia la responsabilidad en el ámbito civil. Además, y no menos importante, debe tenerse en cuenta que contar con los referidos planes de cumplimiento ayuda a preservar la reputación y buena imagen empresarial. En caso de incumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales por la empresa, ésta podría verse obligada a hacer frente a sanciones impuestas por la Administración, de acuerdo con lo establecido en el Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS). No obstante, en virtud del principio non bis in ídem, si la empresa en condenada en el ámbito penal, no podrá ser sancionada también en el ámbito administrativo. Si como consecuencia de dicho incumplimiento, se producen accidentes o enfermedades profesionales, ello podrá conllevar la obligación de asumir recargos de entre un 30% hasta el 50% en las prestaciones económicas de la Seguridad Social que traigan causa en dichos accidentes o enfermedades (art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social).

¿Qué aporta un Compliance Plan en materia de PRL?

Los planes de cumplimiento recogen la identificación de los riesgos de incumplimiento normativo por parte de la empresa, incluyendo también el ámbito de la prevención de riesgos laborales. Además, establece medidas que deben llevarse a cabo para evitar la comisión, entre otros, del delito contra la seguridad de los trabajadores, así como pautas relativas a la vigilancia del cumplimiento de dichas medidas por parte de la empresa.

A este respecto, deberá designarse un responsable de cumplimiento normativo, también llamado Supervisor Jurídico o Compliance Officer que estará a cargo de las funciones de control y de vigilancia de dicho Plan. Aún en el caso en que la empresa hubiera designado a un Delegado de Prevención, éste podrá cohabitar con el responsable de cumplimiento normativo.

 ¿Qué servicios ofrece Universitas Legis en esta materia?

Universitas Legis ofrece asesoramiento legal en materia de cumplimiento normativo y elabora planes de prevención de delitos para su implementación en las empresas. Dichos planes deberán ser revisados de forma periódica y eventualmente modificados cuando se produzcan cambios en la organización o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios

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Las abuelas como tutoras de sus nietas; El caso de Noa

Hace unos días conocíamos la triste historia de Noa, una menor nacida en enero en Oliva y cuya madre sufre graves problemas de adicción al alcohol. Debido a ello, la Generalitat asumió la tutela de Noa el pasado mes de abril. Sus abuelas, Julia y Mª Vicenta, han denunciado que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se les había dicho que no podrían tener la tutela de su nieta. Las abuelas, que tienen 67 y 61 aseguran estar en plenas facultades físicas y mentales para cuidar de su nieta, pero si la administración no les permite ser las tutoras legales de la menor, reclaman que otras personas de la familia se hagan cargo de Noa, pero que en ningún caso sea dada en adopción. En mi opinión las abuelas, si los informes pertinentes así lo aconsejan, podrían ejercer la tutela de su nieta sin ningún problema. Es más, si las circunstancias son razonables, sería la mejor solución para la menor. Pasamos a analizarlo desde el punto de vista jurídico.

 

En este caso lo principal no es garantizar los posibles derechos que tuviesen las abuelas respecto de la menor, sino la protección de los intereses de ésta que, normalmente, irá ligado al mantenimiento de los lazos familiares. Lo primero que hemos de tener en cuenta, antes de entrar a analizar la posible privación o, como es más común, la suspensión de la patria potestad de la madre, es el contenido de ésta, que, según establece el artículo 154 del Código civil “se ejercerá siempre en beneficio de los hijos” y comprende el deber de “velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y procurarles una formación integral.” Es evidente que, en el caso que mencionamos, no se cumplen estas obligaciones por lo que se podrá invocar el contenido del artículo 170 del Código civil que establece la posibilidad de privar a la madre de la patria potestad en caso de incumplimiento de los deberes inherentes a la misma en virtud de Sentencia fundada, no como una sanción, sino como un medio de protección del interés del menor

Aunque es cierto que el Código habla de privación, en la práctica judicial se trata más de una suspensión que de una retirada de la patria potestad porque suele sostenerse el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores como un beneficio del propio menor. Sería, en relación con el supuesto planteado anteriormente, el caso en el que los padres, después de años de adicción al alcohol, se rehabilitan y solicitan al juez que elimine la suspensión que se había establecido. Aunque personalmente no tengo claro que esa suspensión, cuando es muy prolongada, deba ser retirada pasados unos años, puesto que podría entenderse que lo que se intenta favorecer en ese caso no es el interés del menor, sino el de los padres de éste. Así sería en el caso en el que se argumentase que la posibilidad de recuperar a su hijo es un acicate para que los padres abandonen el mundo de las drogas. Sin duda un pensamiento y deseo loable, pero que pudiera estar más pensado, como digo, en el interés de estos que en el del menor que, posiblemente, lleve muchos años viviendo con algún familiar. Sea como fuere, suspensión o privación, los progenitores podrán solicitar la recuperación de la patria potestad cuando hayan desaparecido las causas que  provocaron su pérdida.

Llegados a este punto, una vez sentada la necesidad de la retirada de la patria potestad a la madre, tenemos que ocuparnos de quién ejercerá las labores de tutela y de guardia y custodia del menor. En este sentido, si existe relación con las abuelas hace aconsejable, desde el punto de vista humano, psicológico y legal, que sean éstas las que asuman legalmente su tutela.  Así hemos de partir de la reforma operada por la Ley 42/2003, de 21 de noviembre, de modificación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de relaciones familiares de los nietos con los abuelos, que atribuye a éstos, en la exposición  de motivos, “una función relevante en el caso de dejación por los padres de las obligaciones derivadas de la patria potestad.” Así, en el apartado 2 del número 1 del artículo 103 del Código Civil, en la redacción dada por la citada Ley, se señala que: “Excepcionalmente, los hijos podrían ser encomendados a los abuelos, parientes u otras personas que así la consintieren y, de no haberla, a una institución idónea confiriéndoles las funciones tutelares que ejercían bajo la autoridad del juez”.

En ésta misma línea afirma acertadamente ACEVEDO que, cuando éstas circunstancias se produzcan, “el juez podrá otorgar las funciones tutelares sobre los menores a los abuelos, a quienes sitúa en una posición de privilegio o preferencia sobre otros parientes; y solo en el caso de que tales personas no existan o no presten su consentimiento, tales funciones tutelares serían encomendadas a una institución adecuada al efecto.”[1]

 

El hecho verdaderamente relevante por el que entendemos que deben estimarse en estos casos las peticiones de las abuelas para que pasen a ostentar, bajo la supervisión del juez correspondiente, tanto las funciones tutelares como la guarda y custodia del menor es que se trata de la mejor manera de asegurar el bienestar del menor. Así, no cabe duda, que quien habrá consolidado los mayores lazos afectivos durante esos años son los abuelos. En este sentido se pronuncia la Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de 20 de noviembre de 2013, que otorga la custodia a un tercero que no tenía vínculo de parentesco alguno pero que había convivido con el menor como si fuese su padre. En concreto señala el Alto Tribunal que uno de los motivos por el que se otorgó la guarda y custodia a personas distintos a los progenitores es “las especiales relaciones que ha tenido con éste”.

 

Para que este hecho se produzca, no cabe duda de que el tribunal correspondiente deberá recabar los informes necesarios para garantizar que el interés del menor se protege de forma suficiente. Así los informes de los responsables escolares, psicólogos o de los servicios sociales tendrán un papel esencial. En este sentido, la Sentencia de 29 Mar. 2001[2], atribuyó la guarda y custodio de un menor a los abuelos en base a los citados informes.[3]

Con la atribución de la guarda y custodia las abuelas, deberán velar por la menor, tenerla en su compañía, asegurar por su parte la prestación del derecho de alimentos, educarlo y procurarle una formación integral. Como establece la Sentencia de AP Lugo de 1 de junio de 2007, tras la Ley 42/2003 “se vertebra un conjunto de normas de protección para los menores, imprescindibles cuando las estructuras familiares manifiestan disfunciones ya sean por situaciones de crisis matrimonial, ya sea por abandono de relaciones familiares no matrimoniales o por cumplimiento defectuoso de los deberes por parte de los progenitores”. Señala esta Sala que el artículo 103 del  Código Civil, coherentemente con la modificación del artículo 90 de aquél, prevé encomendar a los abuelos (y parientes y otras personas que así lo consintieren) la tutela de los hijos de forma excepcional y, aunque el precepto se incardina dentro de las medidas provisionales, se invoca también el artículo 158.4 del Código Civil ‘El Juez, de oficio o a instancia del propio hijo, de cualquier pariente o del Ministerio Fiscal, dictará: 4.º En general, las demás disposiciones que considere oportunas, a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios’, y la medida solicitada se revela necesaria, siendo más operativo para el menor que decida quien tenga de facto su guarda.

 

 

Ramón Herrera de las Heras

Profesor Titular de Derecho Civil

Socio de Universitas Legis

 

[1] ACEVEDO BERMEJO, A.: Las relaciones abuelos-nietos. Régimen de visitas. Reclamación judicial, Editorial Tecnos, Madrid, 2006.

[2] Sobre esta sentencia hay un comentario muy completo: LETE ACHIRICA, J.: “La atribución a los abuelos de la guarda y custodia de los hijos de cónyuges separados o divorciados [Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de marzo de 2001], en Actualidad Civil, nº3, 2001

[3] En los informes mencionados, se hacía referencia a circunstancias de la vida cotidiana del menor que eran atendidas ya por los abuelos, como por ejemplo que “la menor está mejor atendida en casa de sus abuelos, que son quienes realizan todos los deberes que debería hacer la madre, comida, higiene, educación y afecto. Que lleva una vida normal, está escolarizada y tiene sus necesidades básicas cubiertas por sus abuelos, con los que se ha relacionado más que con su madre.” O que “se estima que para el bienestar y estabilidad de la niña es conveniente que siga con los abuelos

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