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El Tribunal Económico Administrativo anula una liquidación del impuesto de actos jurídicos documentados por haberse resuelto la compraventa

Recientemente hemos sido parte de una resolución dictada por el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (TEARA), con sede en Granada, mediante la que se estima un recurso de anulación presentado por los abogados del despacho Universitas Legis. Dicha resolución estima el recurso interpuesto ante la inadmisión a trámite de una reclamación económico-administrativa presentada, ante dicho Tribunal, por un particular.

En concreto, el TEARA ha anulado una liquidación del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD), impuesto que tiene como objeto gravar las operaciones patrimoniales onerosas, las operaciones societarias y los actos jurídicos documentados. El mencionado tributo se encuentra regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, mediante el que se aprueba la Ley reguladora del impuesto, que ha sido desarrollado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, que aprueba su Reglamento. Dicha legislación estipula que será el adquirente el sujeto pasivo del impuesto y quien deba hacer frente a su pago.

En el presente supuesto, se trataba de una compraventa de un inmueble que sería posteriormente resuelta por la existencia de vicios ocultos. Una vez se produjo la transmisión de la finca, ambas partes acordaron rescindir dicha transmisión mediante otorgamiento de escritura pública, lo que pusieron en conocimiento de la Agencia Tributaria. Sin embargo, la Oficina Liquidadora de este impuesto entendió que se había producido una nueva transmisión, obligándose el adquirente (antiguo vendedor) a hacer frente al ITPAJD. A este respecto, debe tenerse en cuenta que el ITPAJD había sido girado al Vendedor con motivo de la resolución de la venta del inmueble y que base imponible del impuesto había sido calculada como resultado de aplicar el correspondiente coeficiente al valor catastral del inmueble.

Sin embargo, resulta de especial interés la causa que ha supuesto la estimación del recurso de anulación ya que aunque se alegaron varios motivos en relación con la no adecuación a Derecho de la liquidación impugnada, el Tribunal detuvo su análisis en el primero de ellos al entender que no debió de utilizarse el procedimiento de comprobación de valores para calcular el valor fiscal del inmueble. Entiende el Tribunal que debía hacerse incoado por parte de la administración tributaria un procedimiento de verificación de datos, comprobación limitada o en su caso, de inspección, por lo que al haberse omitido éste, la liquidación del impuesto debe declararse nula.

En Universitas Legis contamos con un equipo profesional con amplia experiencia en materia fiscal y ponemos a su servicio todos los medios necesarios para la defensa de sus intereses.