La defensa judicial de nuestros clientes no acaba ni en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Constitucional

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La defensa judicial de nuestros clientes no acaba ni en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Constitucional

La defensa judicial de nuestros clientes no acaba ni en el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Constitucional.” Así lo afirmó Juana Pardo, socia de Universitas Legis el pasado viernes, día 16 de febrero, en el Colegio de Abogados de Almería, que acogió una jornada sobre “La admisibilidad de la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)”.

Tras una breve presentación que realizó el Decano de dicho Colegio profesional, D. José Pascual Pozo, nuestra compañera destacó el derecho de los particulares de acudir al referido órgano internacional con sede en Estrasburgo (Francia). En particular, están legitimados particulares o entidades que sean víctimas directas o indirectas de alguna vulneración de un derecho fundamental ocasionado por Estados que estén sometidos a la jurisdicción del Consejo de Europa (47 Estados, entre los que se encuentra España).

Asimismo indicó que aunque se puede acudir sin asistencia letrada, es recomendable que la demanda sea redactada por un abogado experto en esta materia, teniendo en cuenta que entorno al 95% de las demandas son inadmitidas a trámite. Por ello, hizo especial hincapié en los requisitos y las formalidades que deben cumplirse para que la demanda supere el filtro de la admisión a trámite, advirtiendo que es necesario hacer referencia a la vulneración del derecho fundamental protegido ante las instancias judiciales nacionales. A este respecto, manifestó que “la defensa judicial de nuestros clientes no acaba ni el Tribunal Supremo ni en el Tribunal Constitucional, de hecho estamos defendiendo un asunto ante dicho órgano internacional”.

En cuanto a la posible solicitud de medidas cautelares al TEDH, explicó que éstas sólo se conceden con carácter excepcional y en supuestos en los que se hubiera producido un daño grave e irreparable, relacionado normalmente con el derecho de la vida (supuestos de extradición o expulsión) o la integridad de las personas (desahucio de ancianos o menores). En la práctica, sólo se habrían estimado entorno al 7% de las solicitudes presentadas frente a resoluciones dictadas por nuestro Estado, según las estadísticas publicadas por el propio Tribunal referente al periodo 2015-2017.

Destacó que las sentencias dictadas por este Tribunal Internacional son de obligado cumplimiento y que en ocasiones no sólo conllevan la declaración de vulneración de algún derecho fundamental y el abono de una “satisfacción equitativa” (esto es, el resarcimiento de los perjuicios materiales y morales ocasionados), sino que puede implicar la revisión de nuestra jurisprudencia, tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional o, en su caso, la reforma de nuestra normativa. A este respecto, comentó el posible carácter discriminatorio de algunas de nuestras leyes (Ley General de Seguridad Social y Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones) al establecer requisitos adicionales a las parejas de hecho (aún estando inscritas en el correspondiente Registro de Parejas de Hecho), respecto de lo establecido para los matrimonios.

2018-11-20T10:00:07+00:00