La protección del patrimonio de personas con discapacidad

//La protección del patrimonio de personas con discapacidad

La protección del patrimonio de personas con discapacidad

Con motivo del día mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo, nuestras compañeras Juana María Pardo y Alba Paños han impartido una conferencia sobre “Protección del Patrimonio de las Personas con Discapacidad” en la Asociación de Asalsido Down Almería.

“Cómo proteger el patrimonio de una persona con discapacidad”

Esta es una de las mayores preocupaciones que atormentan a los familiares a cargo de una persona con discapacidad: ¿cómo puedo proteger la situación en la que quedará mi hijo discapacitado, por ejemplo, el día que yo falte?

A la hora de enfrentarnos a esta situación, y antes de analizar las distintas opciones legales de que disponemos, es aconsejable siempre comenzar por una planificación financiera y contar con profesionales que nos orienten teniendo en cuenta las necesidades tanto de la persona con discapacidad como de su entorno familiar y las posibilidades económicas de todos ellos, así como su entorno social y cultural y los intereses que se quieran asegurar en el futuro. Por tanto, debemos comenzar por identificar cuál es el objetivo que queremos lograr para nuestra mayor tranquilidad, en la medida de nuestras posibilidades; es decir, qué queremos para ese hijo o familiar con discapacidad y cómo encaja eso con el resto de necesidades y objetivos familiares (como podría ser, por ejemplo, el coste de una terapia, tratamiento de enfermedad o internamiento, estudiar una carrera o, incluso mantener el nivel de vida durante la jubilación). Así pues, si bien es cierto que no podemos vivir angustiados por la anticipación de cada problema con que pueda encontrarse el discapacitado a lo largo de su vida; realizar un ejercicio de planificación financiera, patrimonial y legal para preveer las mejores opciones que protejan su situación personal y patrimonial, para que pueda cubrir sus necesidades vitales, va a aportar sosiego a sus cuidadores.

Teniendo esto en cuenta, a los familiares les surgen multitud de dudas sobre qué instrumento legal, de entre las opciones que tenemos a nuestra disposición y teniendo en cuenta la situación concreta de cada familia, es más aconsejable para logar los objetivos mencionados. Los familiares de personas con discapacidad podrían optar, entre otras figuras, por la constitución de un patrimonio protegido (opción que introdujo la Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad), realizar donaciones al discapacitado, los planes de pensiones para personas con discapacidad u otorgar testamento con una serie de disposiciones que beneficien y protejan al discapacitado, además de una variedad de seguros.

Debemos partir de la premisa de que no se puede generalizar, ni recomendar una fórmula válida para cualquier familia, y que en todo caso, es imprescindible contar con asesoramiento jurídico personalizado (tanto por parte de abogados como de notarios). No obstante, sí podemos aventurarnos a adelantar que, de entre todas las opciones mencionadas, nuestro consejo profesional es apostar por la primera de ellas, la constitución de un patrimonio protegido. Y ello no sólo por la propia naturaleza de la figura, configurada legalmente como un conjunto de bienes y derechos que se constituye a favor de la persona con discapacidad con el objetivo expreso de satisfacer sus necesidades vitales, sino además por las ventajas fiscales que conlleva. Estos beneficios hacen de este instrumento el idóneo, en muchos casos, para proteger el patrimonio de las personas con discapacidad.

Al contrario, en caso de las donaciones, aún no estamos exentos de tributar por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y además, no contaríamos con las ventajas fiscales del patrimonio protegido; además, tenemos la opción de realizar donaciones al patrimonio protegido, que sí contarían con los beneficios de esa figura.

Respecto a los Planes de pensiones para personas con discapacidad, cuentan también con beneficios fiscales muy importantes pero la disposición que se puede hacer sobre sus fondos es bastante más limitada, debiendo atenernos a las contingencias que se establezcan en el Plan para poder hacerlo efectivo (jubilación, incapacidad, fallecimiento, enfermedad grave y situación prolongada de desempleo).

Y, por último, la conveniencia de hacer un testamento es una recomendación genérica, pero debemos saber que podemos disponer una serie de cláusulas testamentarias para proteger específicamente a ese hijo con discapacidad. Así, podemos mejorarle a través del tercio de mejora y el de libre disposición, protegerle con un legado condicional en beneficio de otro familiar (al que se le imponga la obligación de cuidar y asistir al discapacitado durante toda su vida), o establecer una sustitución fideicomisaria (solución prevista legalmente para proteger un patrimonio y beneficiar al discapacitado pero que, en la práctica, supone un alto coste fiscal, tributando por duplicado, y personal, puesto que requiere una modificación judicial de la capacidad). Además, también podemos prever otras cláusulas testamentarias que si bien no tienen un contenido estrictamente patrimonial, tienen relevancia práctica para proteger al discapacitado en caso de concurrir este a la sucesión; tales como designar un tutor legal en el caso de ser necesario, así como una administrador que actúe sobre el patrimonio, nombrar un albacea o contador-partidor, entre otros.

En conclusión, nuestro consejo profesional es que, ante una planificación patrimonial y legal para proteger al discapacitado, apostemos por aquéllas opciones que, además de ajustarse a las necesidades y objetivos del discapacitado y de sus familiares, le garanticen a éste el máximo nivel de independencia económica y de autonomía personal, atendiendo a su interés superior. A la hora de adoptar una de estas medidas, deberá tenerse en cuenta, como principio fundamental, la importancia que para las personas con discapacidad reviste su autonomía e independencia individual, sus habilidades, que le permitan ser consciente de los valores jurídicos y administrativos, reconociendo y potenciando la capacidad acreditada en cada caso.

Por tanto, entendemos que habría que descartar las opciones que requieran una modificación judicial de la capacidad por considerarlas desproporcionadas al objeto de protección patrimonial, ya que no es necesario sustituir su voluntad sino instaurar los apoyos personalizados y efectivos en beneficio de la persona afectada para una toma de decisiones autónoma. En suma, garantizar las actuaciones del discapacitado en el ámbito patrimonial (que normalmente serán puntuales), atendiendo a sus circunstancias y a su capacidad, arbitrando las medidas de apoyo personalizadas más apropiadas para complementar su capacidad en cada caso (curador o guardador de hecho, sobre todo), que no requieran la previa modificación judicial de la capacidad y que garanticen el desarrollo de su autonomía personal e independencia económica. Tal y como establece la jurisprudencia más reciente, se trata de crear, en cada caso, un “traje a medida” del discapacitado para establecer las medidas de apoyo que más le beneficien, tanto a nivel personal como patrimonial.

Esta es la premisa actual en materia de discapacidad que seguimos atendiendo a la Convención de las Naciones Unidas firmada en Nueva York en 2006 (y ratificada por España en 2007 y en vigor desde 2008), que marcó un hito al que se han ido ajustando tanto la legislación como la jurisprudencia de nuestro país; así como a los últimos criterios jurisprudenciales en la materia (mencionamos, entre muchas otras que se han sumado a este cambio de paradigma, las SSTS de 2014, de 20 de octubre de 1 de julio) y a las reformas legales previstas en la materia de discapacidad que modificarán nuestro Código Civil en breve a la vista del Anteproyecto de Ley aprobado el 21 de septiembre de 2018 (que cuenta con el Dictamen favorable del Consejo de Económico y Social, emitido el 24 de octubre de 2018).

Prof. Dra. Alba Paños

2019-03-21T19:21:03+00:00